Análisis socio-jurídico sobre el derecho a poseer y portar armas en EE.UU
Manuel Martín Hernández-Abad
La masacre en una escuela primaria de Texas, perpetrada por un joven de 18 años y que se saldó con la muerte de diecinueve niños y dos profesoras conmocionó al mundo y agitó conciencias sobre la necesidad de revisar el derecho a la tenencia de armas en un país donde mueren al año una media de 40.600 personas a causa de estas, es decir, la friolera de 111 vidas al día. Sin embargo, lo que a ojos del mundo parece evidente, no lo es tanto en un país donde hay más armas por habitante que habitantes. Una sociedad que ha convertido su tenencia en, prácticamente un elemento cultural del país; algo que, mal le pese a sus detractores, constituye una seña de identidad del pueblo americano. Un derecho reconocido nada más ni nada menos que en la segunda enmienda de su Constitución, una de las más difíciles de modificar del mundo.
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Como se puede observar, el texto Constitucional puede dividirse en una cláusula de operación, donde explícitamente se garantiza el derecho de poseer y portar armas; y una cláusula introductoria donde encontramos el ratio legis: es necesaria una milicia bien organizada para garantizar la seguridad de un Estado libre.
Para entender la razón de ser de esta enmienda del Bill of Rights introducida en 1791 tenemos que trasladarnos al contexto histórico fundacional de EE.UU. Una nación recién creada cuyos colonos debían garantizar su independencia de Reino Unido, proteger la integridad territorial de sus estados frente a los nativos y suprimir insurrecciones; para lo que era necesaria la formación de milicias civiles ante la ausencia de un ejército profesional establecido.
Por otro lado, sus partidarios defendían y defienden la tenencia de armas por parte de la población civil como una herramienta para salvaguardar el propio orden constitucional. Alegan que ninguna forma de tiranía puede ser impuesta a un pueblo armado, que se revelaría ante el primer ápice de autoritarismo; ese mismo autoritarismo que un día les hizo dejar el Viejo Continente y embarcarse a buscar la libertad en el Nuevo Mundo.
Por último, la segunda enmienda se concibió como un mecanismo que facilita el derecho natural a la defensa propia y que permite a los ciudadanos participar en la aplicación de la ley, en un momento en el Estado no disponía de la capacidad coercitiva necesaria para garantizar la paz y el orden en sus fronteras.
Hoy por hoy, Estados Unidos es una democracia consolidada, con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y disponiendo de uno de los más potentes ejércitos del mundo. En esta coyuntura podría considerarse que, en buena parte, la segunda enmienda constituye un anacronismo, carente de razón de ser y que establece el marco jurídico propicio para perpetrar las olas de violencia en el país.
A este respecto Biden ha tratado de impulsar reformas como la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, y de no poder hacerlo, al menos exigir la mayoría de edad para poder adquirirlas. Pide así mismo, revocar la inmunidad que protege a los fabricantes de cualquier responsabilidad civil. Por último, enfatiza en la importancia de reforzar la salud mental, quizá la asignatura pendiente de nuestras sociedades. Con mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado; Biden lo tendrá más fácil para aprobar estas regulaciones que su predecesor demócrata, Barak Obama, que no pudo ver prosperar ningún proyecto legislativo en esta materia.
Pero el camino no será fácil, el apoyo a la segunda enmienda no ha hecho más que crecer en los últimos años siendo actualmente del 76% cuando en la década de los sesenta no llegaba ni al 40%; al tiempo que la NRA (Asociación Nacional del Rifle) con sus cinco millones de miembros y su enorme poder como lobby es capaz de influenciar la política estadounidense para proteger el sector armamentístico y garantizar el derecho a portar armas, como hará también la mayoría republicana de la Corte Suprema.
Mientras tanto, matanzas como la de Texas, en lugar de representar sucesos aislados, seguirán siendo tragedias recurrentes en la sociedad estadounidense.
Análisis socio-jurídico sobre el derecho a poseer y portar armas en EE.UU
Manuel Martín Hernández-Abad
La masacre en una escuela primaria de Texas, perpetrada por un joven de 18 años y que se saldó con la muerte de diecinueve niños y dos profesoras conmocionó al mundo y agitó conciencias sobre la necesidad de revisar el derecho a la tenencia de armas en un país donde mueren al año una media de 40.600 personas a causa de estas, es decir, la friolera de 111 vidas al día. Sin embargo, lo que a ojos del mundo parece evidente, no lo es tanto en un país donde hay más armas por habitante que habitantes. Una sociedad que ha convertido su tenencia en, prácticamente un elemento cultural del país; algo que, mal le pese a sus detractores, constituye una seña de identidad del pueblo americano. Un derecho reconocido nada más ni nada menos que en la segunda enmienda de su Constitución, una de las más difíciles de modificar del mundo.
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Como se puede observar, el texto Constitucional puede dividirse en una cláusula de operación, donde explícitamente se garantiza el derecho de poseer y portar armas; y una cláusula introductoria donde encontramos el ratio legis: es necesaria una milicia bien organizada para garantizar la seguridad de un Estado libre.
Para entender la razón de ser de esta enmienda del Bill of Rights introducida en 1791 tenemos que trasladarnos al contexto histórico fundacional de EE.UU. Una nación recién creada cuyos colonos debían garantizar su independencia de Reino Unido, proteger la integridad territorial de sus estados frente a los nativos y suprimir insurrecciones; para lo que era necesaria la formación de milicias civiles ante la ausencia de un ejército profesional establecido.
Por otro lado, sus partidarios defendían y defienden la tenencia de armas por parte de la población civil como una herramienta para salvaguardar el propio orden constitucional. Alegan que ninguna forma de tiranía puede ser impuesta a un pueblo armado, que se revelaría ante el primer ápice de autoritarismo; ese mismo autoritarismo que un día les hizo dejar el Viejo Continente y embarcarse a buscar la libertad en el Nuevo Mundo.
Por último, la segunda enmienda se concibió como un mecanismo que facilita el derecho natural a la defensa propia y que permite a los ciudadanos participar en la aplicación de la ley, en un momento en el Estado no disponía de la capacidad coercitiva necesaria para garantizar la paz y el orden en sus fronteras.
Hoy por hoy, Estados Unidos es una democracia consolidada, con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y disponiendo de uno de los más potentes ejércitos del mundo. En esta coyuntura podría considerarse que, en buena parte, la segunda enmienda constituye un anacronismo, carente de razón de ser y que establece el marco jurídico propicio para perpetrar las olas de violencia en el país.
A este respecto Biden ha tratado de impulsar reformas como la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, y de no poder hacerlo, al menos exigir la mayoría de edad para poder adquirirlas. Pide así mismo, revocar la inmunidad que protege a los fabricantes de cualquier responsabilidad civil. Por último, enfatiza en la importancia de reforzar la salud mental, quizá la asignatura pendiente de nuestras sociedades. Con mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado; Biden lo tendrá más fácil para aprobar estas regulaciones que su predecesor demócrata, Barak Obama, que no pudo ver prosperar ningún proyecto legislativo en esta materia.
Pero el camino no será fácil, el apoyo a la segunda enmienda no ha hecho más que crecer en los últimos años siendo actualmente del 76% cuando en la década de los sesenta no llegaba ni al 40%; al tiempo que la NRA (Asociación Nacional del Rifle) con sus cinco millones de miembros y su enorme poder como lobby es capaz de influenciar la política estadounidense para proteger el sector armamentístico y garantizar el derecho a portar armas, como hará también la mayoría republicana de la Corte Suprema.
Mientras tanto, matanzas como la de Texas, en lugar de representar sucesos aislados, seguirán siendo tragedias recurrentes en la sociedad estadounidense.