El anuncio del ejecutivo andaluz de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio (IP) ha generado un terremoto por todo el territorio nacional. Murcia ha anunciado que estudiará su bonificación al 100%, Madrid, donde se bonifica desde hace 15 años, lo aplaude y desde Moncloa lo critican y anuncian un impuesto “temporal” a las “grandes fortunas”.
En contra de lo que la gran mayoría de la clase política defiende, sí, los populares también, el IP es injusto y perjudicial para la economía.
El IP fue reintroducido por el PSOE en septiembre de 2011 por Rubalcaba, Mariano Rajoy prometió suprimirlo si ganaba las elecciones al igual que bajar los impuestos y reducir el gasto público. En el primer año y medio de Rajoy en la Moncloa 30 impuestos fueron subidos, incluido el IP que fue renovado.
Los populares en campaña electoral criticaban la medida argumentando que el IP no lo pagaban las “grandes fortunas” y que era contraproducente para la economía porque a más impuestos más paro.
Todo este revuelo se ha generado porque el impuesto está transferido a las comunidades autónomas y son ellas las que deciden si lo bonifican o no.
Actualmente, el IP (general) lo abonan aquellas personas con un patrimonio superior a los 700 mil euros, no computan los 300 mil euros de la vivienda habitual.
El IP es lesivo por varios motivos. El primero es que ahuyenta a las grandes fortunas, que pagan impuestos en el país en el que residen (que no son pocos), además, no solo ahuyentan a los “ricos” españoles, ahuyentan al capital extranjero que se plantea venir a España a vivir.
Lo segundo, es que es un impuesto injusto debido a que esa “gran fortuna” ha pagado ya impuestos por esos activos que tiene en su patrimonio. Si tiene inmuebles, pagó IVA al comprarlos e IBI todos los años, si tiene un negocio, pagó IVA trimestralmente, IS, IAE y el IRPF y seguridad social de sus trabajadores entre otros muchos, ¡Incluso si la fortuna es heredada se paga sucesiones y plusvalía municipal!
El tercero es que es un impuesto totalmente prescindible, ya que en términos de lo que se recauda en relación con los efectos negativos que tiene el IP, a España no le sale “rentable” tener un impuesto a la riqueza. El IP recaudó en 2019 1.355 millones de euros, lo que supone solo un 0,9% de la recaudación de las comunidades autónomas. Con una reducción del gasto o subir algún impuesto autonómico se podría suplir esa reducción de ingresos.
Un claro ejemplo de que el IP es una anomalía es esta imagen. Solo hay 3 países con un impuesto al patrimonio como tal en Europa: Suiza, Noruega y España.
Fuente: The Tax Foundation
Volviendo al argumentario popular, “el IP no lo pagan las grandes fortunas.” ¿Es esto cierto?
Imagínese que usted es un multimillonario residente fiscal en Madrid o Andalucía y que se aprueba el impuesto a las grandes fortunas. Usted como “rico” puede aguantarse y pagar o ponerse en contacto con su abogado. Su abogado le explicará las diferentes opciones que hay para que usted no pague ese impuesto.
Un ejemplo es irse de España a otro país diferente con una fiscalidad menos “agresiva” como Luxemburgo o Liechtenstein. De esta forma, habremos perdido a una persona que aportaba un valor añadido inmenso a la economía española.
Estimados lectores, parece como si los diferentes gobiernos de España quisieran que se fueran todos los ricos y solo se quedaran los pobres.
Los políticos de hoy en día están asesorados por lo que se conoce como “ingenieros sociales” una serie de expertos que se dedican a manipular a la población creando “enemigos” y demonizando a sectores de la población específicos, en este caso los ricos. En general está mal demonizar a un sector de la población, pero está aún peor si se hace sin argumentos sólidos y con el único fin de aumentar el control y el poder del Estado exprimiendo más al ciudadano.
Por último, me gustaría desmentir la lógica de que, si creamos un impuesto o aumentamos los tipos impositivos, el porcentaje que se paga de un determinado impuesto, el Estado recaudará más. Esto se explica con la llamada “curva de Laffer” que correlaciona los tipos impositivos con los ingresos que finalmente percibe el Estado. Esto se pudo ver claramente con la bajada del IS de Trump,el estado recaudó 40 mil millones de dólares más gracias a bajar dicho impuesto.
Madrid es la comunidad autónoma con impuestos más bajos y que a día de hoy no tiene impuestos autonómicos y es la que más recauda y aporta al resto de comunidades autónomas para que mantengan sus servicios públicos.
En conclusión, el ejecutivo, que está a favor del estado de las autonomías, se cabrea porque una comunidad autónoma tome una decisión dentro de sus competencias y en un arrebato de ira, que no es más que un ataque de celos y envidia al que más tiene, vuelve a activar su máquina apisonadora de recaudación en nombre de las “famosas” educación, sanidad y pensiones públicas.
Asimismo, el eterno y fracasado debate de ricos contra pobres todavía persiste en la sociedad española.
Como dijo hace 11 años en el programa “Salvados” el empresario José María Castillejo “tú tócale las narices al rico, a ver cuánto tarda en marcharse…”
En contra de lo que la gran mayoría de la clase política defiende, sí, los populares también, el IP es injusto y perjudicial para la economía.
El IP fue reintroducido por el PSOE en septiembre de 2011 por Rubalcaba, Mariano Rajoy prometió suprimirlo si ganaba las elecciones al igual que bajar los impuestos y reducir el gasto público. En el primer año y medio de Rajoy en la Moncloa 30 impuestos fueron subidos, incluido el IP que fue renovado.
Los populares en campaña electoral criticaban la medida argumentando que el IP no lo pagaban las “grandes fortunas” y que era contraproducente para la economía porque a más impuestos más paro.
Todo este revuelo se ha generado porque el impuesto está transferido a las comunidades autónomas y son ellas las que deciden si lo bonifican o no.
Actualmente, el IP (general) lo abonan aquellas personas con un patrimonio superior a los 700 mil euros, no computan los 300 mil euros de la vivienda habitual.
El IP es lesivo por varios motivos. El primero es que ahuyenta a las grandes fortunas, que pagan impuestos en el país en el que residen (que no son pocos), además, no solo ahuyentan a los “ricos” españoles, ahuyentan al capital extranjero que se plantea venir a España a vivir.
Lo segundo, es que es un impuesto injusto debido a que esa “gran fortuna” ha pagado ya impuestos por esos activos que tiene en su patrimonio. Si tiene inmuebles, pagó IVA al comprarlos e IBI todos los años, si tiene un negocio, pagó IVA trimestralmente, IS, IAE y el IRPF y seguridad social de sus trabajadores entre otros muchos, ¡Incluso si la fortuna es heredada se paga sucesiones y plusvalía municipal!
El tercero es que es un impuesto totalmente prescindible, ya que en términos de lo que se recauda en relación con los efectos negativos que tiene el IP, a España no le sale “rentable” tener un impuesto a la riqueza. El IP recaudó en 2019 1.355 millones de euros, lo que supone solo un 0,9% de la recaudación de las comunidades autónomas. Con una reducción del gasto o subir algún impuesto autonómico se podría suplir esa reducción de ingresos.
Un claro ejemplo de que el IP es una anomalía es esta imagen. Solo hay 3 países con un impuesto al patrimonio como tal en Europa: Suiza, Noruega y España.
Imagínese que usted es un multimillonario residente fiscal en Madrid o Andalucía y que se aprueba el impuesto a las grandes fortunas. Usted como “rico” puede aguantarse y pagar o ponerse en contacto con su abogado. Su abogado le explicará las diferentes opciones que hay para que usted no pague ese impuesto.
Un ejemplo es irse de España a otro país diferente con una fiscalidad menos “agresiva” como Luxemburgo o Liechtenstein. De esta forma, habremos perdido a una persona que aportaba un valor añadido inmenso a la economía española.
Estimados lectores, parece como si los diferentes gobiernos de España quisieran que se fueran todos los ricos y solo se quedaran los pobres.
Los políticos de hoy en día están asesorados por lo que se conoce como “ingenieros sociales” una serie de expertos que se dedican a manipular a la población creando “enemigos” y demonizando a sectores de la población específicos, en este caso los ricos. En general está mal demonizar a un sector de la población, pero está aún peor si se hace sin argumentos sólidos y con el único fin de aumentar el control y el poder del Estado exprimiendo más al ciudadano.
Por último, me gustaría desmentir la lógica de que, si creamos un impuesto o aumentamos los tipos impositivos, el porcentaje que se paga de un determinado impuesto, el Estado recaudará más. Esto se explica con la llamada “curva de Laffer” que correlaciona los tipos impositivos con los ingresos que finalmente percibe el Estado. Esto se pudo ver claramente con la bajada del IS de Trump, el estado recaudó 40 mil millones de dólares más gracias a bajar dicho impuesto.
Madrid es la comunidad autónoma con impuestos más bajos y que a día de hoy no tiene impuestos autonómicos y es la que más recauda y aporta al resto de comunidades autónomas para que mantengan sus servicios públicos.
En conclusión, el ejecutivo, que está a favor del estado de las autonomías, se cabrea porque una comunidad autónoma tome una decisión dentro de sus competencias y en un arrebato de ira, que no es más que un ataque de celos y envidia al que más tiene, vuelve a activar su máquina apisonadora de recaudación en nombre de las “famosas” educación, sanidad y pensiones públicas.
Asimismo, el eterno y fracasado debate de ricos contra pobres todavía persiste en la sociedad española.
Como dijo hace 11 años en el programa “Salvados” el empresario José María Castillejo “tú tócale las narices al rico, a ver cuánto tarda en marcharse…”
Prepárense para la fuga de los ricos de verdad.