Francisco Provenzano Viñuales- Café para todos -4 de Octubre de 2022
Ha corrido mucha agua bajo el puente, desde el inicio del proceso constituyente iniciado tras las elecciones generales de 1977, y el posterior proceso estatuyente originado tras la entrada en vigor de la Constitución Española el año siguiente. Y sin embargo desde diferentes sectores, se continúa poniendo en tela de juicio la idoneidad del actual sistema autonómico y su respectiva eficacia. Las recientes declaraciones del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abogando por una recentralización de índole fiscal en un contexto de alta competencia interautonómica en materia impositiva, pone la cuestión relativa a la organización territorial una vez más en el primer plano de la política nacional. Y si a esto agregamos que Vox, la tercera fuerza más votada a nivel nacional en las últimas elecciones, propone la derogación del Estado de las Autonomías al considerarlo como el cáncer de España, es posible decir que estamos ante un debate muy instalado en nuestra sociedad.
La naturaleza única de este modelo de organización territorial del estado, es consecuencia de las particularidades históricas y culturales de las diferentes regiones que integran el Reino de España reflejadas en el artículo 2 de nuestra Constitución, que hace una distinción entre regiones y nacionalidades que tendrá una importancia relevante en el desarrollo del modelo autonómico y provocará que las diferentes Comunidades Autónomas incrementen su autonomía través de diferentes mecanismos y velocidades. No es mi intención realizar un análisis exhaustivo de las cuestiones jurídicas que dieron forma al actual Estado de las Autonomías, sino más bien analizar este proceso desde un punto de vista político y social.
Pocas veces en la larga historia de la nación española, se ha logrado un consenso tan amplio sobre una cuestión de carácter político, como en este caso. Un consenso surgido de la voluntad popular expresada en las urnas, en las primeras elecciones democráticas celebradas tras la muerte de Franco, que otorgaron una gran mayoría al bloque que defendía el inicio de un proceso descentralizador compuesto por la UCD de Adolfo Suarez, el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas. Al que se oponía Alianza Popular, que consideraba la descentralización política y organizativa como una amenaza a la unidad de España.
Una vez en el gobierno, Adolfo Suárez designó al catedrático Manuel Clavero Arévalo como ministro adjunto para las Regiones, quien se convertiría en el arquitecto del modelo autonómico y principal impulsor de que la reforma se extendiera a las demás regiones, y no se abocara únicamente a las tres nacionalidades históricas. En este contexto Clavero Arévalo acuñó la frase “café para todos” para defender su idea de que la nueva organización territorial incluyera a todas las regiones españolas que cumplieran ciertas características. El modelo desarrollado por el ministro fue plasmado en la elaboración de la Constitución Española, que establece las diversas vías de acceso a la autonomía para las diferentes regiones y nacionalidades.
El contenido de la Constitución en lo referido a la organización territorial del estado dio lugar en un primer momento a un desarrollo autonómico desigual dependiendo de las características propias de cada ente autonómico que luego sería revertido por una creciente transferencia de competencias y atribuciones a las diferentes Comunidades Autónomas. El alto grado de autonomía política y competencial que alcanzaron rápidamente las CC. AA que se constituyeron como tales a través de la vía rápida (Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía), motivaron al resto de las regiones a seguir el mismo camino, aunque de una manera más lenta y costosa. Este largo proceso fue acelerado por los acuerdos autonómicos de 1981 entre el Gobierno y el PSOE, y los de 1992 entre el Gobierno y el Partido Popular. Estos últimos tienen una gran importancia, ya que en ellos se logró un acercamiento de posturas entre el PSOE y el PP con respecto a la cuestión de Ceuta y Melilla, que provocaría la constitución de las mismas como Ciudades Autónomas tres años más tarde y que pondría punto a final al proceso de estatuyente de las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas que dan forma a nuestro modelo territorial.
Con el paso del tiempo el modelo autonómico fue alcanzando niveles de desarrollo, que eran impensables al momento de la promulgación de la Constitución. A medida que las diferentes Comunidades iban fortaleciendo sus instituciones propias, exigían cada vez más transferencias de competencias, reduciendo las atribuciones del estado central. Lo que, sumado a la deriva nacionalista de Cataluña y Euskadi, provocarían una sensación de malestar en algunos sectores. Las principales críticas al modelo autonómico radican en el excesivo gasto, producto del crecimiento de las estructuras autonómicas, y la falta de cooperación y trabajo conjunto entre las administraciones. A estas críticas se suman las opiniones de quienes ven en el continuo desarrollo de este modelo de organización territorial una amenaza para la unidad del Reino.
Personalmente creo que la construcción del Estado de las Autonomías es una historia de éxito. Y esto se debe a la participación del conjunto de la sociedad española representada en las instituciones en el proceso que dio forma al sistema autonómico, del que disfrutamos en la actualidad. Si bien es verdad, que en los primeros momentos existieron dudas sobre qué camino tomar a la hora de elaborar la constitución, con el paso del tiempo y la consolidación del sistema, me atrevo a decir que el modelo autonómico es uno de los grandes logros de la democracia en España, un modelo eficaz y exitoso, basado en el consenso y el diálogo.
El peor error que podemos cometer quienes creemos en el modelo autonómico como el sistema más adecuado para fomentar el crecimiento económico, la convivencia pacífica y el desarrollo humano, respetando las identidades propias que existen dentro de España, es creer que no es necesaria la defensa de su importancia de cara a la opinión pública y en el debate político y no trabajar para solucionar sus dos principales problemas que he mencionado anteriormente. Es justo y necesario que la forma de la organización territorial del Reino de España se aborde como una cuestión de estado y se dejen a un lado las cuestiones partidarias a la hora de tomar decisiones sobre un tema tan delicado. Porque buscar destruir el modelo autonómico, es negar el éxito de un modelo territorial fruto del diálogo y el consenso, que ha traído consigo un periodo de inmenso crecimiento para todas las regiones de España. Los problemas estructurales derivados del desarrollo del sistema autonómico deben resolverse mejorando el mismo y actualizándolo, y no erosionándolo como proponen algunos.
El problema relacionado con el excesivo gasto, desde mi punto de vista, se soluciona a través de un análisis realista acerca de las posibilidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y del Gobierno Central, y un control minucioso de la utilización del dinero destinado a afrontar los gastos competenciales. La actualización del modelo de financiación autonómica es también otro paso imprescindible para resolver esta problemática. En cuanto a la falta de cooperación interautonómica, es necesario que los gobiernos autonómicos se comprometan a utilizar los canales establecidos para comunicarse con el resto de las regiones y alcanzar acuerdos en cuestiones que necesitan de este tipo de cooperación.
Un claro ejemplo es la reciente unión de fuerzas entre la Junta de Andalucía, el gobierno de la Región de Murcia y la diputación de Alicante, para reclamar al gobierno central que no se produzca un recorte del trasvase del Tajo, que provocaría un impacto negativo en los regadíos almerienses, murcianos y alicantinos. Pero este ejemplo dista de ser ideal, ya que, si analizamos la situación en detalle, debería ser la Generalitat Valenciana y no solamente la diputación alicantina quien conforme un frente común junto con las otras Comunidades para defender la llegada del agua a los regadíos. Nos encontramos una vez más frente a una situación, donde priman los intereses partidistas al principio de colaboración entre autonomías, y esto no hace más que debilitar nuestro sistema.
«Porque buscar destruir el modelo autonómico, es negar el éxito de un modelo territorial fruto del diálogo y el consenso, que ha traído consigo un periodo de inmenso crecimiento para todas las regiones de España. Los problemas estructurales derivados del desarrollo del sistema autonómico deben resolverse mejorando el mismo y actualizándolo, y no erosionándolo como proponen algunos »
Francisco Provenzano Viñuales- Café para todos -4 de Octubre de 2022
Ha corrido mucha agua bajo el puente, desde el inicio del proceso constituyente iniciado tras las elecciones generales de 1977, y el posterior proceso estatuyente originado tras la entrada en vigor de la Constitución Española el año siguiente. Y sin embargo desde diferentes sectores, se continúa poniendo en tela de juicio la idoneidad del actual sistema autonómico y su respectiva eficacia. Las recientes declaraciones del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abogando por una recentralización de índole fiscal en un contexto de alta competencia interautonómica en materia impositiva, pone la cuestión relativa a la organización territorial una vez más en el primer plano de la política nacional. Y si a esto agregamos que Vox, la tercera fuerza más votada a nivel nacional en las últimas elecciones, propone la derogación del Estado de las Autonomías al considerarlo como el cáncer de España, es posible decir que estamos ante un debate muy instalado en nuestra sociedad.
La naturaleza única de este modelo de organización territorial del estado, es consecuencia de las particularidades históricas y culturales de las diferentes regiones que integran el Reino de España reflejadas en el artículo 2 de nuestra Constitución, que hace una distinción entre regiones y nacionalidades que tendrá una importancia relevante en el desarrollo del modelo autonómico y provocará que las diferentes Comunidades Autónomas incrementen su autonomía través de diferentes mecanismos y velocidades. No es mi intención realizar un análisis exhaustivo de las cuestiones jurídicas que dieron forma al actual Estado de las Autonomías, sino más bien analizar este proceso desde un punto de vista político y social.
Pocas veces en la larga historia de la nación española, se ha logrado un consenso tan amplio sobre una cuestión de carácter político, como en este caso. Un consenso surgido de la voluntad popular expresada en las urnas, en las primeras elecciones democráticas celebradas tras la muerte de Franco, que otorgaron una gran mayoría al bloque que defendía el inicio de un proceso descentralizador compuesto por la UCD de Adolfo Suarez, el PSOE, el PCE y los partidos nacionalistas. Al que se oponía Alianza Popular, que consideraba la descentralización política y organizativa como una amenaza a la unidad de España.
Una vez en el gobierno, Adolfo Suárez designó al catedrático Manuel Clavero Arévalo como ministro adjunto para las Regiones, quien se convertiría en el arquitecto del modelo autonómico y principal impulsor de que la reforma se extendiera a las demás regiones, y no se abocara únicamente a las tres nacionalidades históricas. En este contexto Clavero Arévalo acuñó la frase “café para todos” para defender su idea de que la nueva organización territorial incluyera a todas las regiones españolas que cumplieran ciertas características. El modelo desarrollado por el ministro fue plasmado en la elaboración de la Constitución Española, que establece las diversas vías de acceso a la autonomía para las diferentes regiones y nacionalidades.
El contenido de la Constitución en lo referido a la organización territorial del estado dio lugar en un primer momento a un desarrollo autonómico desigual dependiendo de las características propias de cada ente autonómico que luego sería revertido por una creciente transferencia de competencias y atribuciones a las diferentes Comunidades Autónomas. El alto grado de autonomía política y competencial que alcanzaron rápidamente las CC. AA que se constituyeron como tales a través de la vía rápida (Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía), motivaron al resto de las regiones a seguir el mismo camino, aunque de una manera más lenta y costosa. Este largo proceso fue acelerado por los acuerdos autonómicos de 1981 entre el Gobierno y el PSOE, y los de 1992 entre el Gobierno y el Partido Popular. Estos últimos tienen una gran importancia, ya que en ellos se logró un acercamiento de posturas entre el PSOE y el PP con respecto a la cuestión de Ceuta y Melilla, que provocaría la constitución de las mismas como Ciudades Autónomas tres años más tarde y que pondría punto a final al proceso de estatuyente de las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas que dan forma a nuestro modelo territorial.
Con el paso del tiempo el modelo autonómico fue alcanzando niveles de desarrollo, que eran impensables al momento de la promulgación de la Constitución. A medida que las diferentes Comunidades iban fortaleciendo sus instituciones propias, exigían cada vez más transferencias de competencias, reduciendo las atribuciones del estado central. Lo que, sumado a la deriva nacionalista de Cataluña y Euskadi, provocarían una sensación de malestar en algunos sectores. Las principales críticas al modelo autonómico radican en el excesivo gasto, producto del crecimiento de las estructuras autonómicas, y la falta de cooperación y trabajo conjunto entre las administraciones. A estas críticas se suman las opiniones de quienes ven en el continuo desarrollo de este modelo de organización territorial una amenaza para la unidad del Reino.
Personalmente creo que la construcción del Estado de las Autonomías es una historia de éxito. Y esto se debe a la participación del conjunto de la sociedad española representada en las instituciones en el proceso que dio forma al sistema autonómico, del que disfrutamos en la actualidad. Si bien es verdad, que en los primeros momentos existieron dudas sobre qué camino tomar a la hora de elaborar la constitución, con el paso del tiempo y la consolidación del sistema, me atrevo a decir que el modelo autonómico es uno de los grandes logros de la democracia en España, un modelo eficaz y exitoso, basado en el consenso y el diálogo.
El peor error que podemos cometer quienes creemos en el modelo autonómico como el sistema más adecuado para fomentar el crecimiento económico, la convivencia pacífica y el desarrollo humano, respetando las identidades propias que existen dentro de España, es creer que no es necesaria la defensa de su importancia de cara a la opinión pública y en el debate político y no trabajar para solucionar sus dos principales problemas que he mencionado anteriormente. Es justo y necesario que la forma de la organización territorial del Reino de España se aborde como una cuestión de estado y se dejen a un lado las cuestiones partidarias a la hora de tomar decisiones sobre un tema tan delicado. Porque buscar destruir el modelo autonómico, es negar el éxito de un modelo territorial fruto del diálogo y el consenso, que ha traído consigo un periodo de inmenso crecimiento para todas las regiones de España. Los problemas estructurales derivados del desarrollo del sistema autonómico deben resolverse mejorando el mismo y actualizándolo, y no erosionándolo como proponen algunos.
El problema relacionado con el excesivo gasto, desde mi punto de vista, se soluciona a través de un análisis realista acerca de las posibilidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y del Gobierno Central, y un control minucioso de la utilización del dinero destinado a afrontar los gastos competenciales. La actualización del modelo de financiación autonómica es también otro paso imprescindible para resolver esta problemática. En cuanto a la falta de cooperación interautonómica, es necesario que los gobiernos autonómicos se comprometan a utilizar los canales establecidos para comunicarse con el resto de las regiones y alcanzar acuerdos en cuestiones que necesitan de este tipo de cooperación.
Un claro ejemplo es la reciente unión de fuerzas entre la Junta de Andalucía, el gobierno de la Región de Murcia y la diputación de Alicante, para reclamar al gobierno central que no se produzca un recorte del trasvase del Tajo, que provocaría un impacto negativo en los regadíos almerienses, murcianos y alicantinos. Pero este ejemplo dista de ser ideal, ya que, si analizamos la situación en detalle, debería ser la Generalitat Valenciana y no solamente la diputación alicantina quien conforme un frente común junto con las otras Comunidades para defender la llegada del agua a los regadíos. Nos encontramos una vez más frente a una situación, donde priman los intereses partidistas al principio de colaboración entre autonomías, y esto no hace más que debilitar nuestro sistema.