Cuñados de uno todo signo se empeñan en ilegalizar partidos políticos, sin tener remota idea de cómo se hace
Bien es sabido que si hay un comentario rey en toda barra de bar digna de tal nombre, es aquella expresión de “habría que ilegalizar [Inserte el Partido Político que más sea de su desagrado]”. En todos los bares de nuestra geografía (y por supuesto, en Twitter, la barra del bar del siglo XXI), “enteraos” y “abogaíllos” de pleitos pobres pugnan por ilegalizar a su partido político adversario. En mi corta vida en la maravillosa barra de bar que es Twitter, he podido ver a gente propugnar por la ilegalización de Podemos, el PSOE, el PP, VOX, y hasta los partidos independentistas de toda clase y condición (permítaseme la licencia: parece que solo se libran los de Ciudadanos, porque a los pobrecillos ya nadie les hace caso). No obstante, a todos estos magistrados de andar por casa, me gustaría hacerles la siguiente pregunta: ¿saben ustedes cómo se ilegaliza un partido político? Ya que, posiblemente, en muchos casos lo desconozcan, he decidido tomarme la molestia de escribirles este breve artículo, que, con suerte, les servirá de guía for dummies para la satisfacción de sus apetencias menos democráticas.
Antes de nada, deben saber que ilegalizar un partido político no es algo sencillo, que pueda despachar en una mañana nuestro querido presidente del Gobierno, rebotado por haber dormido mal esa noche en su ya no tan nuevo colchón. Es algo mucho más complicado, limitado a una serie de supuestos, y sometido a un procedimiento. ¿Cuáles son, entonces, los supuestos? Fundamentalmente, hablamos de que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, y particularmente, cuando persiga a través de su actividad deteriorar o destruir el régimen de libertades, o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante ciertas conductas, realizadas de manera consistente y grave.
¿Y cuáles son estas conductas de las que habla la ley? Concretamente, se trata de tres supuestos: i) Vulnerar los derechos fundamentales promoviendo, justificando o exculpando actos de terrorismo. ii) Fomentar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. iii) Apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o destruir la paz social, implantando un clima social de terror e intimidación.
Esto es clave entenderlo, ya que, con la ley en la mano, ilegalizar un partido político no es algo caprichoso que se pueda hacer porque “un partido o una ideología no nos gustan” o “no nos parecen aceptables”. Ni siquiera, como vemos, se puede ilegalizar un partido político cuya ideología no sea democrática (como podría ser un partido comunista o un partido fascista), ni siquiera, aunque la mayoría de las Cortes Generales estuviera a favor de ilegalizarlo. Lo repetiré una vez más, porque se trata de una idea clave: por razones políticas, solamente se puede ilegalizar un partido político cuando, grosso modo y simplificando, este promueva el terrorismo y lo apoye de diversas maneras, como instrumento para la consecución de sus objetivos políticos y el menoscabo de nuestro sistema democrático.
Y le duela a quien le duela, esto es algo que en la actualidad, en el año 2022, por suerte, ningún partido político hace. Bien es cierto que determinada plataforma política, EH Bildu, para ser más precisos, es heredera de Herri Batasuna, partido político que constituía el brazo político de la banda terrorista ETA, y que por esos motivos fue ilegalizado. Y de hecho, en un primer momento, Bildu fue ilegalizado, si bien el Tribunal Constitucional, posteriormente revocó dicha ilegalización. Tal vez el Tribunal Constitucional se equivocó y no debiera haber revocado la ilegalización de Bildu, no lo entraré a valorar, pero en cualquier caso, es un tema que queda ya en el pasado. En la actualidad, la plataforma EH Bildu es una fuerza política que, aunque tenga un pasado (con razón) repugnante para cualquier demócrata, y aunque mantenga posiciones políticas que en ocasiones levanten suspicacias al respecto, con la ley en la mano, no es una fuerza política que, a día de hoy, entre dentro de los supuestos de una posible ilegalización. Y no siéndolo EH Bildu, mucho menos lo son otras fuerzas como VOX, los partidos independentistas o Unidas Podemos.
Pero todavía nos queda una cuestión por resolver. Hemos visto por qué se ilegaliza un partido político, pero, ¿cómo se hace?
Se trata de un procedimiento que, de facto, pueden iniciar la Fiscalía, el Gobierno, el Congreso de los Diputados o el Senado. Esto, no obstante, solamente supone el inicio del procedimiento, ya que la decisión final la tomarán los magistrados del Tribunal Supremo, a quien se presentará el procedimiento.
Por tanto, si al ver por qué se puede ilegalizar un partido político, vimos que no era posible hacerlo porque “su ideología no nos pareciera correcta”, al ver cómo se hace, vemos que no se trata de una cuestión que quede en manos de los políticos (ni los que hay en el Gobierno ni los que hay en las Cortes Generales), sino que el asunto lo deciden los jueces, concretamente, los magistrados del Tribunal Supremo. Por tanto, de acuerdo con la ley actual, vemos que se trata de un procedimiento judicial, no un procedimiento político. Solamente con estas dos ideas, podemos ver cómo el 99% de los comentarios que nos podemos encontrar al respecto en Twitter o en las barras de bar, tienen el mismo valor que un bolívar en Venezuela.
Pero todavía podríamos preguntarnos, ¿podríamos cambiar la ley para poder ilegalizar partidos políticos con ideologías antidemocráticas, y no solamente partidos que apoyen el terrorismo? Aunque jurídicamente resulta discutible, la respuesta más comúnmente aceptada entre los expertos sería que no, ya que no parece que la Constitución deje la puerta abierta a que así sea. Por ello, si de verdad quisiéramos hacerlo, lo más seguro sería reformar la Constitución, para que los partidos políticos con ideologías antidemocráticas no tengan cabida en nuestro sistema, como ocurre en otros países de nuestro entorno, siendo Alemania el ejemplo paradigmático de todos ellos.
En cualquier caso, se haga lo que se haga, deberá hacerse de acuerdo con la más estricta y escrupulosa legalidad. Porque como decía un insigne profesor mío de Derecho constitucional (autor, por cierto, de esta Ley Orgánica de Partidos Políticos), “estas cuestiones se abordan desde la ley, con toda la ley, pero solamente con la ley, y con eso, tenemos herramientas suficientes”. Por ello, no podemos permitir que el cuñadismo se infiltre en nuestra sociedad como el agua entre las rocas. Porque cuando ese agua se congele, la roca se partirá. Gonzalo Villarías
«No podemos permitir que el cuñadismo se infiltre en nuestra sociedad como el agua entre las rocas. Porque cuando ese agua se congele, la roca se partirá.»
Cuñados de uno todo signo se empeñan en ilegalizar partidos políticos, sin tener remota idea de cómo se hace
Antes de nada, deben saber que ilegalizar un partido político no es algo sencillo, que pueda despachar en una mañana nuestro querido presidente del Gobierno, rebotado por haber dormido mal esa noche en su ya no tan nuevo colchón. Es algo mucho más complicado, limitado a una serie de supuestos, y sometido a un procedimiento. ¿Cuáles son, entonces, los supuestos? Fundamentalmente, hablamos de que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, y particularmente, cuando persiga a través de su actividad deteriorar o destruir el régimen de libertades, o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante ciertas conductas, realizadas de manera consistente y grave.
¿Y cuáles son estas conductas de las que habla la ley? Concretamente, se trata de tres supuestos:
i) Vulnerar los derechos fundamentales promoviendo, justificando o exculpando actos de terrorismo.
ii) Fomentar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
iii) Apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o destruir la paz social, implantando un clima social de terror e intimidación.
Esto es clave entenderlo, ya que, con la ley en la mano, ilegalizar un partido político no es algo caprichoso que se pueda hacer porque “un partido o una ideología no nos gustan” o “no nos parecen aceptables”. Ni siquiera, como vemos, se puede ilegalizar un partido político cuya ideología no sea democrática (como podría ser un partido comunista o un partido fascista), ni siquiera, aunque la mayoría de las Cortes Generales estuviera a favor de ilegalizarlo. Lo repetiré una vez más, porque se trata de una idea clave: por razones políticas, solamente se puede ilegalizar un partido político cuando, grosso modo y simplificando, este promueva el terrorismo y lo apoye de diversas maneras, como instrumento para la consecución de sus objetivos políticos y el menoscabo de nuestro sistema democrático.
Y le duela a quien le duela, esto es algo que en la actualidad, en el año 2022, por suerte, ningún partido político hace. Bien es cierto que determinada plataforma política, EH Bildu, para ser más precisos, es heredera de Herri Batasuna, partido político que constituía el brazo político de la banda terrorista ETA, y que por esos motivos fue ilegalizado. Y de hecho, en un primer momento, Bildu fue ilegalizado, si bien el Tribunal Constitucional, posteriormente revocó dicha ilegalización. Tal vez el Tribunal Constitucional se equivocó y no debiera haber revocado la ilegalización de Bildu, no lo entraré a valorar, pero en cualquier caso, es un tema que queda ya en el pasado. En la actualidad, la plataforma EH Bildu es una fuerza política que, aunque tenga un pasado (con razón) repugnante para cualquier demócrata, y aunque mantenga posiciones políticas que en ocasiones levanten suspicacias al respecto, con la ley en la mano, no es una fuerza política que, a día de hoy, entre dentro de los supuestos de una posible ilegalización. Y no siéndolo EH Bildu, mucho menos lo son otras fuerzas como VOX, los partidos independentistas o Unidas Podemos.
Pero todavía nos queda una cuestión por resolver. Hemos visto por qué se ilegaliza un partido político, pero, ¿cómo se hace?
Se trata de un procedimiento que, de facto, pueden iniciar la Fiscalía, el Gobierno, el Congreso de los Diputados o el Senado. Esto, no obstante, solamente supone el inicio del procedimiento, ya que la decisión final la tomarán los magistrados del Tribunal Supremo, a quien se presentará el procedimiento.
Por tanto, si al ver por qué se puede ilegalizar un partido político, vimos que no era posible hacerlo porque “su ideología no nos pareciera correcta”, al ver cómo se hace, vemos que no se trata de una cuestión que quede en manos de los políticos (ni los que hay en el Gobierno ni los que hay en las Cortes Generales), sino que el asunto lo deciden los jueces, concretamente, los magistrados del Tribunal Supremo. Por tanto, de acuerdo con la ley actual, vemos que se trata de un procedimiento judicial, no un procedimiento político. Solamente con estas dos ideas, podemos ver cómo el 99% de los comentarios que nos podemos encontrar al respecto en Twitter o en las barras de bar, tienen el mismo valor que un bolívar en Venezuela.
Pero todavía podríamos preguntarnos, ¿podríamos cambiar la ley para poder ilegalizar partidos políticos con ideologías antidemocráticas, y no solamente partidos que apoyen el terrorismo? Aunque jurídicamente resulta discutible, la respuesta más comúnmente aceptada entre los expertos sería que no, ya que no parece que la Constitución deje la puerta abierta a que así sea. Por ello, si de verdad quisiéramos hacerlo, lo más seguro sería reformar la Constitución, para que los partidos políticos con ideologías antidemocráticas no tengan cabida en nuestro sistema, como ocurre en otros países de nuestro entorno, siendo Alemania el ejemplo paradigmático de todos ellos.
En cualquier caso, se haga lo que se haga, deberá hacerse de acuerdo con la más estricta y escrupulosa legalidad. Porque como decía un insigne profesor mío de Derecho constitucional (autor, por cierto, de esta Ley Orgánica de Partidos Políticos), “estas cuestiones se abordan desde la ley, con toda la ley, pero solamente con la ley, y con eso, tenemos herramientas suficientes”. Por ello, no podemos permitir que el cuñadismo se infiltre en nuestra sociedad como el agua entre las rocas. Porque cuando ese agua se congele, la roca se partirá.
Gonzalo Villarías