Francisco Provenzano Viñuales- Por un pacto de rentas– 8 de Noviembre de 2022
Se avecinan tiempos difíciles para una economía española que todavía no se ha recuperado de los efectos ocasionados por la crisis provocada por la pandemia, las consecuencias de la guerra en Ucrania, los problemas en las cadenas de suministro globales y un alto nivel de inflación que parece perdurar en el tiempo. Las proyecciones macroeconómicas para España de 2022 a 2024 publicadas hace unos días por el Banco de España, constituyen una herramienta imprescindible para entender los desafíos a los que se enfrenta la economía y poder desarrollar una política macroeconómica que tenga como objetivo un crecimiento sostenible y persistente en el largo plazo. A día de hoy el elevado nivel de inflación representa el principal problema al que se enfrenta nuestra economía. La tasa de variación anual del IPC para el último mes de Octubre fue del 7,3 %, lo que significa un encarecimiento generalizado del coste de los bienes y servicios, que tiene como motivo principal los altos precios que presenta el mercado energético, producto del conflicto en Ucrania. Esta situación genera una pérdida de la renta del conjunto de la sociedad española, y por ende del poder adquisitivo de los ciudadanos.
En este difícil contexto, muchas son las voces que defienden la idea de alcanzar un pacto de rentas para repartir de la manera más equitativa posible las consecuencias de la merma de las rentas percibidas por los diferentes actores económicos y sociales, y a la vez evitar una subida descontrolada de los salarios y la inflación que provocarían una pérdida significativa de la competitividad del mercado español frente a otras economías de la zona euro. El gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos es una de las voces que vienen destacando hace meses la necesidad de alcanzar un pacto de rentas para afrontar el problema inflacionario.
El concepto de pacto de rentas hace referencia a un acuerdo entre los diferentes agentes económicos y sociales para poder solucionar un problema determinado, en este caso la inflación disparada. Como he mencionado previamente, a través del análisis de la coyuntura económica actual es posible observar una caída de la renta del conjunto de la economía y por ende es necesario alcanzar un pacto para decidir cómo va a afectar esta caída a cada uno de los agentes económicos. España necesita que tanto el gobierno, como los sindicatos mayoritarios, la patronal y la oposición se sienten a negociar para alcanzar un acuerdo. Considero que actualmente existe un consenso acerca de la necesidad y de la importancia de alcanzar un pacto en materia de rentas, el problema radica en la forma y en el contenido del pacto que defiende cada uno de los actores económicos.
El gobierno se ha mostrado abierto a negociar un pacto de este estilo a través de las declaraciones y la predisposición de la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Por su parte la CEOE liderada por Antonio Garamendi también se muestra abierta a negociar siempre y cuando el pacto no solamente incluya una moderación en el incremento de los salarios del sector privado y los márgenes empresariales, sino que también incluya al sistema de pensiones y el salario de los funcionarios. La deflactación del IRPF es otra de las medidas defendidas por la confederación empresarial presidida por Garamendi. En cuanto al sector sindical, los dos sindicatos mayoritarios UGT y CC. OO promueven un pacto que incluya un paquete fiscal por parte del gobierno para tasar los “beneficios extraordinarios” de las empresas, además de un aumento gradual de los salarios que alcance un 8 % en los próximos tres años y que incluya una cláusula de revisión acorde al IPC, cláusula a la cual la patronal se opone rotundamente. Cuando hablamos de una moderación necesaria en el incremento de los salarios, no debemos olvidar que no podemos permitir que sean los trabajadores con menores ingresos quienes carguen con el peso de esta medida para evitar un espiral inflacionista. Si bien es verdad que existen diferencias de gran calado entre los diferentes agentes, es necesario alcanzar un pacto a la brevedad. La fecha propicia podría darse a comienzos del próximo año, descarto que sea posible alcanzar un acuerdo antes de finales de año debido a la proximidad de la asamblea electoral que elegirá al futuro presidente de la CEOE el día 23 de Noviembre en el cual el actual presidente Antonio Garamendi se enfrentará a la vicepresidenta de la patronal catalana Foment del Treball, Virginia Guinda.
Para poder alcanzar el pacto de rentas que España necesita, es necesario que cada una de las partes ceda para poder lograr el tan ansiado consenso. Tras haber realizado un amplio análisis de la situación actual, a continuación, desarrollaré lo que personalmente considero que sería el pacto que la economía española necesita. En primer lugar, considero una cuestión de vital importancia que el pacto no incluya solamente los salarios y los márgenes obtenidos por las empresas sino también las pensiones y los salarios de los funcionarios. En un contexto como el actual, no es posible discutir un pacto de rentas sin incluir la cuestión de las pensiones y los ingresos percibidos por los funcionarios, debido al peso que tienen en los presupuestos generales del estado y por ende en el panorama macroeconómico de la economía española.
Desde un punto de vista pragmático y realista es imposible pretender indexar la totalidad de los salarios a la inflación, porque reduciría la competitividad de nuestras empresas y dejaría a la economía en una posición de desventaja frente a sus competidores. Yo veo factible un aumento gradual de los salarios que alcance un 8% en los próximos tres años, siempre y cuando no incluya una cláusula de revisión acorde al IPC, porque esto generaría una incertidumbre innecesaria a la hora de calcular los costes de las empresas y por ende la oposición justificada de la patronal. El aumento de los salarios debe ir acompañado de una deflactación del IRPF de un porcentaje similar, para que el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores no se vea reducido por un incremento en el pago de impuestos. Esta medida ha sido tomada por el gobierno socialista de Antonio Costa en Portugal, y es un claro ejemplo de cómo los estados de nuestro entorno están tomando este tipo de medidas. En cuanto a las pensiones, considero un grave error la última reforma acometida por el gobierno, que establece una indexación de la totalidad de las pensiones al IPC, esto genera un aumento considerable de las partidas presupuestarias dedicadas al sistema público de pensiones y la inviabilidad del sistema en el futuro lo que afectará el bienestar de las generaciones futuras. Una solución pragmática, consiste en indexar solamente las pensiones de menor cuantía y establecer un incremento menor a la tasa de inflación para el resto. Otro de los temas que debe abarcar este pacto, es lo referido al salario de los funcionarios. En este ámbito el gobierno junto con UGT y CC. OO han alcanzado un acuerdo que podría beneficiar a los empleados públicos con un incremento del 9,5 % en los próximos tres años si se cumplen las variables contempladas en las cláusulas de revisión. A este acuerdo se opone CSIF el sindicato mayoritario en la administración pública, que considera dicho aumento salarial una medida insuficiente.
Como ha expresado el expresidente Felipe González durante su comparecencia en el Foro La Toja, en un contexto económico como al que está enfrentando el conjunto de la economía española en la actualidad, es necesario evitar disparar como el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado. Si queremos alcanzar un periodo de crecimiento económico sostenido en el tiempo que provoque un aumento del bienestar de todos los ciudadanos, es necesario alcanzar un pacto de rentas donde cada uno de los agentes económicos y sociales haga un sacrificio acorde a sus posibilidades para evitar un espiral inflacionista que provoque una pérdida tanto de la competitividad como de la productividad, y por ende hipoteque el futuro de nuestra economía. Pero para poder alcanzar este pacto es preciso actuar desde un punto de vista realista y pragmático y dejar las cuestiones ideológicas y partidarias de lado. El diálogo y el consenso deben ser las bases a la hora de tomar decisiones que afecten el futuro de la economía, y de esta manera evitar cualquier tipo de medida que atente contra la seguridad jurídica y genere incertidumbre entre los inversores extranjeros y nacionales. Además de evitar cualquier tipo de alusión al discurso de ricos frente a pobres, que únicamente ayuda a romper la cohesión social tan necesaria en este momento difícil que afrontan millones de españoles.
« Si queremos alcanzar un periodo de crecimiento económico sostenido en el tiempo que provoque un aumento del bienestar de todos los ciudadanos, es necesario alcanzar un pacto de rentas donde cada uno de los agentes económicos y sociales haga un sacrificio acorde a sus posibilidades para evitar un espiral inflacionista que provoque una pérdida tanto de la competitividad como de la productividad, y por ende hipoteque el futuro de nuestra economía »
Francisco Provenzano Viñuales- Por un pacto de rentas– 8 de Noviembre de 2022
Se avecinan tiempos difíciles para una economía española que todavía no se ha recuperado de los efectos ocasionados por la crisis provocada por la pandemia, las consecuencias de la guerra en Ucrania, los problemas en las cadenas de suministro globales y un alto nivel de inflación que parece perdurar en el tiempo. Las proyecciones macroeconómicas para España de 2022 a 2024 publicadas hace unos días por el Banco de España, constituyen una herramienta imprescindible para entender los desafíos a los que se enfrenta la economía y poder desarrollar una política macroeconómica que tenga como objetivo un crecimiento sostenible y persistente en el largo plazo. A día de hoy el elevado nivel de inflación representa el principal problema al que se enfrenta nuestra economía. La tasa de variación anual del IPC para el último mes de Octubre fue del 7,3 %, lo que significa un encarecimiento generalizado del coste de los bienes y servicios, que tiene como motivo principal los altos precios que presenta el mercado energético, producto del conflicto en Ucrania. Esta situación genera una pérdida de la renta del conjunto de la sociedad española, y por ende del poder adquisitivo de los ciudadanos.
En este difícil contexto, muchas son las voces que defienden la idea de alcanzar un pacto de rentas para repartir de la manera más equitativa posible las consecuencias de la merma de las rentas percibidas por los diferentes actores económicos y sociales, y a la vez evitar una subida descontrolada de los salarios y la inflación que provocarían una pérdida significativa de la competitividad del mercado español frente a otras economías de la zona euro. El gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos es una de las voces que vienen destacando hace meses la necesidad de alcanzar un pacto de rentas para afrontar el problema inflacionario.
El concepto de pacto de rentas hace referencia a un acuerdo entre los diferentes agentes económicos y sociales para poder solucionar un problema determinado, en este caso la inflación disparada. Como he mencionado previamente, a través del análisis de la coyuntura económica actual es posible observar una caída de la renta del conjunto de la economía y por ende es necesario alcanzar un pacto para decidir cómo va a afectar esta caída a cada uno de los agentes económicos. España necesita que tanto el gobierno, como los sindicatos mayoritarios, la patronal y la oposición se sienten a negociar para alcanzar un acuerdo. Considero que actualmente existe un consenso acerca de la necesidad y de la importancia de alcanzar un pacto en materia de rentas, el problema radica en la forma y en el contenido del pacto que defiende cada uno de los actores económicos.
El gobierno se ha mostrado abierto a negociar un pacto de este estilo a través de las declaraciones y la predisposición de la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Por su parte la CEOE liderada por Antonio Garamendi también se muestra abierta a negociar siempre y cuando el pacto no solamente incluya una moderación en el incremento de los salarios del sector privado y los márgenes empresariales, sino que también incluya al sistema de pensiones y el salario de los funcionarios. La deflactación del IRPF es otra de las medidas defendidas por la confederación empresarial presidida por Garamendi. En cuanto al sector sindical, los dos sindicatos mayoritarios UGT y CC. OO promueven un pacto que incluya un paquete fiscal por parte del gobierno para tasar los “beneficios extraordinarios” de las empresas, además de un aumento gradual de los salarios que alcance un 8 % en los próximos tres años y que incluya una cláusula de revisión acorde al IPC, cláusula a la cual la patronal se opone rotundamente. Cuando hablamos de una moderación necesaria en el incremento de los salarios, no debemos olvidar que no podemos permitir que sean los trabajadores con menores ingresos quienes carguen con el peso de esta medida para evitar un espiral inflacionista. Si bien es verdad que existen diferencias de gran calado entre los diferentes agentes, es necesario alcanzar un pacto a la brevedad. La fecha propicia podría darse a comienzos del próximo año, descarto que sea posible alcanzar un acuerdo antes de finales de año debido a la proximidad de la asamblea electoral que elegirá al futuro presidente de la CEOE el día 23 de Noviembre en el cual el actual presidente Antonio Garamendi se enfrentará a la vicepresidenta de la patronal catalana Foment del Treball, Virginia Guinda.
Para poder alcanzar el pacto de rentas que España necesita, es necesario que cada una de las partes ceda para poder lograr el tan ansiado consenso. Tras haber realizado un amplio análisis de la situación actual, a continuación, desarrollaré lo que personalmente considero que sería el pacto que la economía española necesita. En primer lugar, considero una cuestión de vital importancia que el pacto no incluya solamente los salarios y los márgenes obtenidos por las empresas sino también las pensiones y los salarios de los funcionarios. En un contexto como el actual, no es posible discutir un pacto de rentas sin incluir la cuestión de las pensiones y los ingresos percibidos por los funcionarios, debido al peso que tienen en los presupuestos generales del estado y por ende en el panorama macroeconómico de la economía española.
Desde un punto de vista pragmático y realista es imposible pretender indexar la totalidad de los salarios a la inflación, porque reduciría la competitividad de nuestras empresas y dejaría a la economía en una posición de desventaja frente a sus competidores. Yo veo factible un aumento gradual de los salarios que alcance un 8% en los próximos tres años, siempre y cuando no incluya una cláusula de revisión acorde al IPC, porque esto generaría una incertidumbre innecesaria a la hora de calcular los costes de las empresas y por ende la oposición justificada de la patronal. El aumento de los salarios debe ir acompañado de una deflactación del IRPF de un porcentaje similar, para que el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores no se vea reducido por un incremento en el pago de impuestos. Esta medida ha sido tomada por el gobierno socialista de Antonio Costa en Portugal, y es un claro ejemplo de cómo los estados de nuestro entorno están tomando este tipo de medidas. En cuanto a las pensiones, considero un grave error la última reforma acometida por el gobierno, que establece una indexación de la totalidad de las pensiones al IPC, esto genera un aumento considerable de las partidas presupuestarias dedicadas al sistema público de pensiones y la inviabilidad del sistema en el futuro lo que afectará el bienestar de las generaciones futuras. Una solución pragmática, consiste en indexar solamente las pensiones de menor cuantía y establecer un incremento menor a la tasa de inflación para el resto. Otro de los temas que debe abarcar este pacto, es lo referido al salario de los funcionarios. En este ámbito el gobierno junto con UGT y CC. OO han alcanzado un acuerdo que podría beneficiar a los empleados públicos con un incremento del 9,5 % en los próximos tres años si se cumplen las variables contempladas en las cláusulas de revisión. A este acuerdo se opone CSIF el sindicato mayoritario en la administración pública, que considera dicho aumento salarial una medida insuficiente.
Como ha expresado el expresidente Felipe González durante su comparecencia en el Foro La Toja, en un contexto económico como al que está enfrentando el conjunto de la economía española en la actualidad, es necesario evitar disparar como el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado. Si queremos alcanzar un periodo de crecimiento económico sostenido en el tiempo que provoque un aumento del bienestar de todos los ciudadanos, es necesario alcanzar un pacto de rentas donde cada uno de los agentes económicos y sociales haga un sacrificio acorde a sus posibilidades para evitar un espiral inflacionista que provoque una pérdida tanto de la competitividad como de la productividad, y por ende hipoteque el futuro de nuestra economía. Pero para poder alcanzar este pacto es preciso actuar desde un punto de vista realista y pragmático y dejar las cuestiones ideológicas y partidarias de lado. El diálogo y el consenso deben ser las bases a la hora de tomar decisiones que afecten el futuro de la economía, y de esta manera evitar cualquier tipo de medida que atente contra la seguridad jurídica y genere incertidumbre entre los inversores extranjeros y nacionales. Además de evitar cualquier tipo de alusión al discurso de ricos frente a pobres, que únicamente ayuda a romper la cohesión social tan necesaria en este momento difícil que afrontan millones de españoles.