A finales de la semana pasada conocíamos que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, varios eurodiputados belgas e italianos socialistas, sus colaboradores parlamentarios, y exeurodiputados, estaban implicados en el recibo de cientos de miles de euros y regalos del gobierno qatarí. Y, ¿para qué? ¿por qué?
Para influir en el proceso de toma de decisiones de la UE, y más en concreto, por dos razones. La primera, para anular la obligación de visado de entrada para los ciudadanos de Qatar, cosa que la Comisión Europea propuso ya en abril, y que se iba a votar esta misma semana en el Parlamento Europeo, quedando evidentemente aplazada la votación. Y la segunda, para obtener una resolución sobre la condena de la violación de derechos humanos en Qatar a raíz de la organización del Mundial favorable a sus intereses. Si observamos la estrategia de voto de los Socialists & Democrats, vemos cómo votaron en contra de un proyecto de resolución que condenaba duramente a Qatar. No lo hicieron solos, sino con el voto en contra también de la derecha y de la extrema derecha europeas. Sin embargo, el voto de estos dos últimos no fue una sorpresa, como sí lo fue el del Partido de los Socialistas Europeos.
Entiendo el desconcierto ante lo sucedido de todas las personas de la sociedad civil ajenas a la actividad política diaria de Bruselas, que como yo, no imaginábamos que un hecho de corrupción de esta envergadura pudiera llegar a suceder jamás.
Sin embargo, lo que no me creo es que las personas que trabajan en el PE, véase presidente, eurodiputados, asistentes parlamentarios, el Consejo Europeo, y la Comisión Europea no fuesen concientes de lo que estaba sucediendo, más aún cuando el plan llevaba años ejecutándose (desde la concesión de la organización del Mundial a Qatar en 2013). Se trata de la estrategia de “soft power” para propagar el islam en nuestro continente.
Un ejemplo de esta política exterior qatarí es la entrega de millones de euros para la construcción de mezquitas musulmanas, centros culturales musulmanes, colegios, y asociaciones en países como Italia, Francia, Suiza, o España, muchas veces a través de ONGs.
Hoy mismo conocíamos también la involucración de Marruecos en el caso, que también ha buscado condicionar las decisiones políticas-económicas de la Eurocámara. Y el objetivo es evidente: islamizar Europa, un continente de raíces cristianas, y erosionar la democracia europea. Lo que es muy triste, repito, es que las personas que han trabajado a lo largo de los últimos años en las instituciones europeas lo hayan consentido.
Sin duda, el “Qatargate” sólo acaba de comenzar. Nos esperan meses de investigaciones y juicios en el seno de la UE, los cuales dañan su imagen y harán que aumenten las críticas hacia una organización puesta ya en duda por muchos ciudadanos europeos, los cuales no están de acuerdo con la interferencia de la Unión en la política interna de los Estados o en el carácter legislativo del Parlamento.
Otras de las preguntas que pueden estar formulándose es cómo han podido Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri, exeuroparlamentario y director de la ONG Fight Impunity, Francesco Giorgi, antiguo asistente de Panzeri y marido de Eva, y Niccolo´ Figa- Talamanca, exdirector de la ONG No Peace Without Justice, cuatro imputados por el momento, hacerse con miles de euros en secreto. Y esto se debe dos razones principales: a la libertad de los eurodiputados para reunirse y negociar con quién quieran de forma privada, no estando obligados a registrar su actividad política diaria (sólo lo están los portavoces y presidentes de comisión), y a la ausencia de un órgano independiente de control en la Eurocámara.
En definitva, las instituciones europeas se han construido de tal forma que los actores internacionales, es decir, Estados, organizaciones internacionales, ONGs, e incluso grupos terroristas, pueden penetrar en ellas e influenciar en su toma de decisiones, algo que la UE no se puede permitir, más aún cuando tiene recursos económicos e instrumentos para evitarlo.
Ya se habla de la creación de una Alta Autoridad independiente que vele por la transparencia de la vida pública y pueda investigar e imponer sanciones a los eurodiputados que obren indebidamente, sustituyendo al Comité consultativo, órgano actual que controla a los eurodiputados, el cual sólo emite meras recomendaciones sobre el comportamiento de los mismos.
Por otro lado, se trabajará en la reforma del registro de transparencia europeo, base de datos en la que tienen que inscribirse todas las organizaciones que busquen influenciar en el proceso legislativo de la Unión. El problema es que la inscripción es recomendable, no obligatoria, y no otorga ningún privilegio a los gobiernos que se inscriban en él, como sí otorga en principio a los grupos de interés que se adhieran (acreditación de acceso al Parlamento, diálogo con comisarios y directores generales de comisión, participación dentro las comisiones, acceso a sesiones informativas, etc).
A partir de ahora se prevee que la inscripción sea obligatoria y que también tengan que inscribirse los gobiernos de los Estados no miembros de la UE que quieran participar en el proceso de toma de decisiones de la misma.
Dotar de más medios a la Comisión especial contra las injerencias extranjeras es otra posibilidad, ya que según su presidente, el eurodiputado socialista Raphaël Glicksmann, la corrupción y la penetración de intereses extranjeros es incesante desde hace años. Y, por último, la creación de un Comité de Ética para las siete instituciones europeas, propuesta que lleva desde 2019 encima de la mesa y que Úrsula von der Layen sugería activar el lunes.
Estas son las medidas que la UE tendrá que poner en marcha lo más rápido posible a fin de garantizar que ningún gobierno influye en las decisiones de ninguna institución, más aún cuando atacan al interés de la Unión y de los veintisiete Estados, así como que ningún trabajador pueda recibir dinero a cambio de ello.
Mario Sanz Galacho
Europa lleva años sometida a un peligroso proceso de islamización
Para influir en el proceso de toma de decisiones de la UE, y más en concreto, por dos razones. La primera, para anular la obligación de visado de entrada para los ciudadanos de Qatar, cosa que la Comisión Europea propuso ya en abril, y que se iba a votar esta misma semana en el Parlamento Europeo, quedando evidentemente aplazada la votación. Y la segunda, para obtener una resolución sobre la condena de la violación de derechos humanos en Qatar a raíz de la organización del Mundial favorable a sus intereses. Si observamos la estrategia de voto de los Socialists & Democrats, vemos cómo votaron en contra de un proyecto de resolución que condenaba duramente a Qatar. No lo hicieron solos, sino con el voto en contra también de la derecha y de la extrema derecha europeas. Sin embargo, el voto de estos dos últimos no fue una sorpresa, como sí lo fue el del Partido de los Socialistas Europeos.
Entiendo el desconcierto ante lo sucedido de todas las personas de la sociedad civil ajenas a la actividad política diaria de Bruselas, que como yo, no imaginábamos que un hecho de corrupción de esta envergadura pudiera llegar a suceder jamás.
Sin embargo, lo que no me creo es que las personas que trabajan en el PE, véase presidente, eurodiputados, asistentes parlamentarios, el Consejo Europeo, y la Comisión Europea no fuesen concientes de lo que estaba sucediendo, más aún cuando el plan llevaba años ejecutándose (desde la concesión de la organización del Mundial a Qatar en 2013). Se trata de la estrategia de “soft power” para propagar el islam en nuestro continente.
Un ejemplo de esta política exterior qatarí es la entrega de millones de euros para la construcción de mezquitas musulmanas, centros culturales musulmanes, colegios, y asociaciones en países como Italia, Francia, Suiza, o España, muchas veces a través de ONGs.
Hoy mismo conocíamos también la involucración de Marruecos en el caso, que también ha buscado condicionar las decisiones políticas-económicas de la Eurocámara.
Y el objetivo es evidente: islamizar Europa, un continente de raíces cristianas, y erosionar la democracia europea. Lo que es muy triste, repito, es que las personas que han trabajado a lo largo de los últimos años en las instituciones europeas lo hayan consentido.
Sin duda, el “Qatargate” sólo acaba de comenzar. Nos esperan meses de investigaciones y juicios en el seno de la UE, los cuales dañan su imagen y harán que aumenten las críticas hacia una organización puesta ya en duda por muchos ciudadanos europeos, los cuales no están de acuerdo con la interferencia de la Unión en la política interna de los Estados o en el carácter legislativo del Parlamento.
Otras de las preguntas que pueden estar formulándose es cómo han podido Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri, exeuroparlamentario y director de la ONG Fight Impunity, Francesco Giorgi, antiguo asistente de Panzeri y marido de Eva, y Niccolo´ Figa- Talamanca, exdirector de la ONG No Peace Without Justice, cuatro imputados por el momento, hacerse con miles de euros en secreto. Y esto se debe dos razones principales: a la libertad de los eurodiputados para reunirse y negociar con quién quieran de forma privada, no estando obligados a registrar su actividad política diaria (sólo lo están los portavoces y presidentes de comisión), y a la ausencia de un órgano independiente de control en la Eurocámara.
En definitva, las instituciones europeas se han construido de tal forma que los actores internacionales, es decir, Estados, organizaciones internacionales, ONGs, e incluso grupos terroristas, pueden penetrar en ellas e influenciar en su toma de decisiones, algo que la UE no se puede permitir, más aún cuando tiene recursos económicos e instrumentos para evitarlo.
Ya se habla de la creación de una Alta Autoridad independiente que vele por la transparencia de la vida pública y pueda investigar e imponer sanciones a los eurodiputados que obren indebidamente, sustituyendo al Comité consultativo, órgano actual que controla a los eurodiputados, el cual sólo emite meras recomendaciones sobre el comportamiento de los mismos.
Por otro lado, se trabajará en la reforma del registro de transparencia europeo, base de datos en la que tienen que inscribirse todas las organizaciones que busquen influenciar en el proceso legislativo de la Unión. El problema es que la inscripción es recomendable, no obligatoria, y no otorga ningún privilegio a los gobiernos que se inscriban en él, como sí otorga en principio a los grupos de interés que se adhieran (acreditación de acceso al Parlamento, diálogo con comisarios y directores generales de comisión, participación dentro las comisiones, acceso a sesiones informativas, etc).
A partir de ahora se prevee que la inscripción sea obligatoria y que también tengan que inscribirse los gobiernos de los Estados no miembros de la UE que quieran participar en el proceso de toma de decisiones de la misma.
Dotar de más medios a la Comisión especial contra las injerencias extranjeras es otra posibilidad, ya que según su presidente, el eurodiputado socialista Raphaël Glicksmann, la corrupción y la penetración de intereses extranjeros es incesante desde hace años.
Y, por último, la creación de un Comité de Ética para las siete instituciones europeas, propuesta que lleva desde 2019 encima de la mesa y que Úrsula von der Layen sugería activar el lunes.
Estas son las medidas que la UE tendrá que poner en marcha lo más rápido posible a fin de garantizar que ningún gobierno influye en las decisiones de ninguna institución, más aún cuando atacan al interés de la Unión y de los veintisiete Estados, así como que ningún trabajador pueda recibir dinero a cambio de ello.
Mario Sanz Galacho