Argentina 1985, una enseñanza del pasado, una esperanza hacia el futuro 

Francisco Provenzano Viñuales- Argentina 1985 -14 de marzo de 2023

Desde que me he incorporado a este hermoso proyecto llamado Verum Libertas en el cual tengo el enorme placer de colaborar de manera frecuente, nunca he escrito sobre ninguna cuestión vinculada con el pasado, el presente y el futuro de mi patria (para quienes no lo saben soy argentino). Esta situación ha persistido durante este tiempo a pesar de que desde pequeño me he sentido profundamente interesado por la política y la actualidad de mi país por influencia familiar principalmente de mi padre (un gran conocedor de la política argentina, aunque la desilusión lo haya apartado del análisis de la misma en los últimos años), pero también de otros miembros de mi familia. Las conversaciones con mis abuelos, la admiración que siempre he tenido por mi tío Guillermo quien junto a mi padre me inculcó el interés por la actualidad nacional e internacional, y los continuos enfados de mi madre cuando expreso mis ideas y crítico sus decisiones a la hora de votar, han forjado mi personalidad y me han hecho desarrollar una especial predilección por algunas disciplinas de las ciencias sociales. Este especial interés me ha llevado a dedicar muchas horas de mi vida al estudio, al seguimiento y al análisis del devenir histórico de la Nación Argentina y de las cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales y militares que definen nuestra época. 

La decisión de no haber escrito sobre estas cuestiones hasta este momento se fundamenta en el temor de que mis experiencias personales, mis ideas, mis convicciones políticas y mis sentimientos me desviaran del camino de la objetividad necesaria para escribir un artículo de este tipo. Pero como solía decir el Teniente General Juan Domingo Perón la única verdad es la realidad, y por ende me voy a limitar a analizar desde mi punto de vista una serie de hechos que definieron de manera considerable el desarrollo de la historia reciente de la República Argentina.  

La nominación de “Argentina 1985” a los Premios Oscar en la categoría de mejor película extranjera, ha abierto nuevos debates e interpretaciones tanto en Argentina como en el exterior acerca de la importancia y relevancia del denominado Juicio a las Juntas y el consiguiente desarrollo de la justicia postransicional en el país tras la recuperación de la democracia en 1983. La película dirigida por Santiago Mitre y que cuenta con una estelar participación de Ricardo Darín, narra el desarrollo y la culminación de la denominada causa 13/84, coloquialmente conocida como el Juicio a las Juntas, donde fueron juzgados por un tribunal civil, nueve militares pertenecientes a las tres ramas de las Fuerzas Armadas Argentinas que formaron parte de las tres juntas militares que gobernaron el país durante la mayor parte de la dictadura, en el periodo que abarca desde  el golpe de estado del 24 de Marzo de 1976 hasta la puesta en marcha de la Operación Rosario y la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de Abril de 1982. En esta causa, quienes se sentaron en el banquillo eran acusados de ser responsables, debido al importante rol que cumplían dentro del engranaje de poder de la dictadura en el momento de los hechos, de  la sistemática vulneración y violación de los derechos humanos mediante la implementación de una serie de medidas  represivas llevadas a cabo dentro del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que provocaron la desaparición de 8.960 personas según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas o  30.000 según las diferentes  organizaciones de derechos humanos.   

Para los lectores que no están familiarizados con la historia reciente de la Argentina en este juicio se juzgó a quienes desde de la sensación de impunidad que otorga el ejercicio de un poder sin límites,  sometieron al pueblo argentino a través de la utilización de una violencia desmedida e injustificada perpetrada desde el aparato del estado con el argumento de defender a la patria de la guerrilla y la subversión, una guerrilla que estaba prácticamente derrotada antes del golpe de estado y que no gozaba ni del suficiente apoyo popular ni de las capacidades organizativas, técnicas y militares  necesarias  para enfrentar el poderío del  estado a través de una guerra de igual a igual. Por este motivo pierde importancia la teoría de los dos demonios esgrimida por los miembros de las juntas y sus defensores, en pos de explicar su accionar dentro del marco de una guerra que enfrentaba a dos enemigos en igualdad de condiciones, lo que hubiese conllevado ser juzgados por un tribunal militar.   

Si queremos entender las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes juzgados en el juicio, es necesario analizar el contexto histórico y la difícil situación que atravesaba la Argentina en ese momento. El factor que desencadenó en la llegada de los militares al poder fue la decisión de un sector mayoritario de las fuerzas armadas de dar un golpe de estado al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, un golpe que contó con el apoyo de las elites políticas y económicas del país además de contar con el apoyo de los principales medios de comunicación. En ese momento grandes sectores de la sociedad veían con buenos ojos la llegada al poder de los militares, a los que consideraban como los únicos capaces de recuperar el orden en una sociedad que vivía en un estado de caos y violencia permanente tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974 , que tuvo como consecuencia el enfrentamiento entre las diferentes tendencias dentro del movimiento peronista que buscaban erigirse como continuadores del legado del líder, además de la constante amenaza de la guerrilla revolucionaria. Es por esto que quienes han visto la película recordarán la escena, en la cual se pone de manifiesto la intención del fiscal Julio Strassera,  de demostrar a través de la acusación al conjunto de la sociedad argentina y a la clase media en especial, la magnitud y generalización de las inhumanas atrocidades cometidas durante este periodo. 

Era necesario que el pueblo argentino entendiera que los delitos que se juzgaban no constituían simples excesos en la defensa de la patria contra el enemigo subversivo, sino la utilización del aparato del estado y la posición de poder que el mismo otorga para eliminar de manera inhumana, ilegítima, anticristiana e ilegal a quienes se oponían al modelo de país defendido por los militares. La magnitud del daño cometido por las sucesivas juntas que gobernaron el país en la última dictadura cívico- militar se extiendo a todos los sectores incluido el campo económico. En palabras del sociólogo Juan Carlos Torre en su libro “Diario de una Temporada en el Quinto Piso” durante el gobierno militar el cuerpo social del país fue sometido a un experimento económico que concluyó en el fracaso con una economía en recesión, una enorme deuda externa y un gran incremento de la tasa de desempleo. Recomiendo la lectura del libro para lograr entender la difícil situación a la que se enfrentó el equipo económico de Alfonsín en ese primer gobierno democrático al mismo tiempo que debía liderar la transición, garantizar las condiciones necesarias para la celebración del juicio, y enfrentarse a otros importantes desafíos.  

El hecho de que los máximos responsables de haber infligido un alto grado de sufrimiento al pueblo argentino a través de la puesta en práctica del terrorismo de estado, secuestrando, violando, torturando, matando, forzando al exilio y desapareciendo a miles de personas, hayan sido juzgados por un tribunal civil a tan solo dos años del final de la dictadura constituye un caso único en el mundo y es un hecho del cual los argentinos debemos estar profundamente orgullosos. A diferencia de lo sucedido en otros estados latinoamericanos y europeos donde los responsables de los crímenes perpetrados por los diferentes regímenes dictatoriales no fueron ni juzgados ni condenados, y sus crímenes siguen inmersos en un mar de impunidad.  Además, adquiere un mayor valor y relevancia el hecho de que la búsqueda de justicia haya sido iniciativa de las autoridades políticas y judiciales del propio país, a diferencia de otros casos emblemáticos como los juicios de Núremberg donde quienes realizaron la labor fueran las fuerzas ocupantes que habían vencido en la guerra, y no la justicia local. Sin olvidar la emblemática e incansable lucha de los organismos de derechos humanos con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, que nunca dejaron de exigir y luchar por la aparición con vida de sus familiares en los momentos más oscuros de la dictadura y que muchos pagaron con su vida 

Sin embargo, como todos sabemos la historia no siempre o casi nunca se desarrolla de manera lineal. Ante el descontento de algunos sectores de las fuerzas armadas y la presión ejercida por algunos segmentos de la sociedad, el gobierno del radical Raúl Alfonsín aprobó entre 1986 y 1987 las popularmente conocidas como leyes de la impunidad que incluían la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final. Estas dos leyes establecieron a grandes rasgos la imposibilidad de juzgar a los subordinados que participaron en la comisión de los crímenes mencionados anteriormente con el argumento de que habían seguido órdenes establecidas por sus superiores y la incapacidad de iniciar nuevas causas contra los culpables si estas no habían sido abiertas en el periodo establecido por la misma la ley. 

A este retroceso en la búsqueda de justicia se sumaron los indultos otorgados por el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990 que tuvieron como beneficiarios a los principales representantes de la dictadura como también a los principales líderes guerrilleros. Esto provocó la puesta en libertad de quienes habían sido condenados durante el ya mencionado Juicio a las Juntas. Esta situación caracterizada por un claro y evidente paso atrás  en el proceso de justicia se extendió hasta el año 2003, cuando con la llegada del peronista Néstor Kirchner al poder,  el Congreso de la Nación derogó la Ley de Obediencia Debida y La Ley de Punto final lo que abrió las puertas  al cumplimiento de las condenas impuestas a los miembros de las juntas y la apertura de miles de causas por torturas, secuestros, asesinatos, violaciones, apropiación de recién nacidos y otros delitos cometidos durante el periodo dictatorial. En 2010 la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales los indultos de manera definitiva, constituyo el último gran paso para lograr que la justicia pueda finalmente avanzar de manera sustancial en todas las causas investigadas.   

El alcance y la proyección internacional que ha tenido la película cumple un rol muy importante para mostrar orgullosamente al mundo la voluntad del pueblo argentino de juzgar a quienes se ensañaron contra su propia gente, para que “NUNCA MAS” el terrorismo de estado sea puesto en práctica contra un pueblo indefenso. Pero también debe servir para dar a conocer la labor de un grupo de hombres y mujeres que trabajaron de manera ardua para poder alcanzar la tan ansiada justicia en un contexto histórico y en una época donde hubiese resultado más fácil haber mirado hacia un costado y desentenderse de la cuestión. Ni las amenazas, ni las presiones, ni la falta de medios impidieron que tanto el fiscal Julio Strassera, como el joven fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo, los jueces que dictaron la sentencia, y todos los que participaron en la preparación del juicio y la acusación hayan logrado el objetivo de juzgar a los responsables y sentar un importante precedente histórico. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo del ejecutivo nacional y de la oposición. La escena en la que el presidente Alfonsín mantiene una reunión secreta con Strassera en la cual le hace saber de manera indirecta que tiene luz verde para proseguir sin limitaciones en su labor acusatoria, evidencia el respaldo brindado por el gobierno radical al fiscal y su equipo en pos de lograr una condena histórica. 

Es importante entender que el Juicio a las Juntas y la condena correspondiente, constituyeron tan solo el primer paso en un largo y difícil proceso para lograr que la memoria, la verdad y la justicia caracterizaran el periodo democrático post dictadura. No podemos olvidar el periodo de amnesia e impunidad que abarca desde la aprobación de las denominadas leyes de la impunidad hasta la derogación de las mismas en el año 2003. Para tomar magnitud de lo sucedido durante estos años yo suelo acudir a una simple pero descriptiva comparación. En este periodo mientras los sucesivos gobiernos se dedicaban a desarmar y destruir las fuerzas armadas, el aparato productivo nacional, y las organizaciones sindicales, los responsables de las atrocidades mencionadas anteriormente se paseaban impunemente por las calles argentinas. Mientras Jorge Rafael Videla salía a correr impunemente por la costanera de Buenos Aires ( como relata el periodista y escritor Martín Caparrós en un artículo titulado “Videla boca abajo” ) y el cobarde e infame Alfredo Astiz se  paseaba por Bariloche, un héroe de la patria y de Malvinas como lo es el coronel Mohamed Ali Seineldín ( Seineldín fue uno de los pocos oficiales del ejército  que se opuso de manera contundente al golpe de estado y desempeñó un rol muy destacado en la Guerra de Malvinas  al mando del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 ) pasó 14 años preso por haberse sublevado en defensa de los principales baluartes de la patria que estaban siendo vilmente atacados. 

Hoy más que nunca es necesario enarbolar las banderas de la memoria, la verdad y la justicia para que el pueblo argentino pueda continuar construyendo su futuro en paz y en democracia, pero también es importante recordar que esto es posible gracias a la labor de todos los que contribuyeron en la búsqueda de justicia y de los que dieron sus vidas en el ejercicio de tan digna misión. Pero tampoco podemos seguir permitiendo que se utilicen los hechos analizados para defenestrar y ensuciar a una institución tan importante como lo son las Fuerzas Armadas. Que constituyen junto a la Iglesia Católica y la causa Malvinas los pilares fundamentales de la Nación Argentina. Lamentablemente en las últimas décadas las FF. AA junto con la iglesia han sido continuamente atacadas y debilitadas, mientras que con respecto al tercer pilar hemos sido testigos de un proceso de olvido y desmalvinización que ha sido débilmente revertido en los últimos años. Con la mirada puesta en el futuro, es necesario aprender a diferenciar entre las instituciones básicas de la patria y su respectiva importancia y quienes se han amparado en su pertenencia a las mismas para perseguir objetivos que nada tienen que ver con la defensa de los valores, principios e intereses de la misma. 

La Argentina del Siglo XXI se enfrenta a una serie de desafíos de muy difícil resolución. A los problemas endémicos y estructurales que padece día a día nuestro pueblo se suman nuevos frentes en un contexto geopolítico mundial muy convulso. El reclamo sobre la soberanía de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el control de nuestra Zona Económica Exclusiva, la defensa de la porción de la Antártida que nos corresponde y hacer frente a la expansión de las potencias en Latinoamérica son tan solo algunas de las tareas que debe llevar adelante el estado argentino. Debemos decidir con qué herramientas queremos dotarlo para cumplir con tan difícil e imprescindible misión.

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