Víctor Pla – ¿Putin al juzgado? – 17 de marzo de 2023
Este viernes 17 de marzo los titulares internacionales se han inundado de la orden de arresto internacional que el tribunal penal internacional (ICC por sus siglas en inglés) ha emitido para Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova.
El tribunal ha emitido una orden de detención contra los mandatarios rusos por presuntos crímenes de guerra. Este tribunal es el encargado de juzgar a todas aquellas personas que, supuestamente, han cometido graves violaciones contra la humanidad. Al Presidente Putin se le acusa de deportación ilegal de menores de edad de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa bajo los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma. Según la Corte Internacional los hechos acontecidos son responsabilidad directa de Vladimir Putin. Lvova-Belova (Comisionada para la Oficina de Derechos de los Infantes de Rusia) es acusada de los mismos cargos que su Presidente.
Aún así, apreciado lector, siento defraudarle: esta orden de arresto no es válida. No es válida ya que Rusia no ha firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En otras palabras, todos los cargos que se les imputan no tienen ninguna relevancia más allá de generar una mayor presión al ejecutivo ruso.
Con ello, el debate vuelve a estar sentado: ¿cuál es el sentido de este tipo de organismos? Para añadir cizaña, no podemos olvidar que para ser juzgado por el ICC debemos cumplir una serie de requisitos sumamente estrictos, lo que complica en gran parte su labor judicial. En primera instancia, debemos ser nacionales de un estado miembro y firmante del ICC y de sus tratados constituyentes. En el mundo 123 países lo son, España entre ellos. En segunda, cometer (supuestamente) una serie de delitos que son extremadamente difíciles de probar, generalmente por las circunstancias en los que son realizados (normalmente en estado de guerra). Destrucción de aldeas, saqueos, secuestro de personas, tortura, y un largo etcétera son los cargos imputables por este tipo de tribunales. En tercer lugar, y más importante, es la entrega voluntaria del acusado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie que realmente obligue a un acusado a ser juzgado en La Haya. Contrariamente pasa en el caso de la justicia española, dónde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado obligarán a un acusado a personarse ante un juez.
En sí, ¿tienen sentido estos tribunales? Absolutamente. Más allá, son necesarios. Todos ellos funcionan mediante una serie de tratados internacionales que han costado millones de vidas a la humanidad. Tratados forjados en guerras mundiales, en revueltas, en guerras civiles. Desde la mayor oscuridad de la humanidad a una exhalación de luz, paz y prosperidad. Todos estos tratados han sentado las bases para la paz. Y no sólo la paz para Europa, sino para muchas regiones de alrededor del mundo.
Víctor Pla – ¿Putin al juzgado? – 17 de marzo de 2023
Este viernes 17 de marzo los titulares internacionales se han inundado de la orden de arresto internacional que el tribunal penal internacional (ICC por sus siglas en inglés) ha emitido para Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova.
El tribunal ha emitido una orden de detención contra los mandatarios rusos por presuntos crímenes de guerra. Este tribunal es el encargado de juzgar a todas aquellas personas que, supuestamente, han cometido graves violaciones contra la humanidad. Al Presidente Putin se le acusa de deportación ilegal de menores de edad de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa bajo los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma. Según la Corte Internacional los hechos acontecidos son responsabilidad directa de Vladimir Putin. Lvova-Belova (Comisionada para la Oficina de Derechos de los Infantes de Rusia) es acusada de los mismos cargos que su Presidente.
Aún así, apreciado lector, siento defraudarle: esta orden de arresto no es válida. No es válida ya que Rusia no ha firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En otras palabras, todos los cargos que se les imputan no tienen ninguna relevancia más allá de generar una mayor presión al ejecutivo ruso.
Con ello, el debate vuelve a estar sentado: ¿cuál es el sentido de este tipo de organismos? Para añadir cizaña, no podemos olvidar que para ser juzgado por el ICC debemos cumplir una serie de requisitos sumamente estrictos, lo que complica en gran parte su labor judicial. En primera instancia, debemos ser nacionales de un estado miembro y firmante del ICC y de sus tratados constituyentes. En el mundo 123 países lo son, España entre ellos. En segunda, cometer (supuestamente) una serie de delitos que son extremadamente difíciles de probar, generalmente por las circunstancias en los que son realizados (normalmente en estado de guerra). Destrucción de aldeas, saqueos, secuestro de personas, tortura, y un largo etcétera son los cargos imputables por este tipo de tribunales. En tercer lugar, y más importante, es la entrega voluntaria del acusado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie que realmente obligue a un acusado a ser juzgado en La Haya. Contrariamente pasa en el caso de la justicia española, dónde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado obligarán a un acusado a personarse ante un juez.
En sí, ¿tienen sentido estos tribunales? Absolutamente. Más allá, son necesarios. Todos ellos funcionan mediante una serie de tratados internacionales que han costado millones de vidas a la humanidad. Tratados forjados en guerras mundiales, en revueltas, en guerras civiles. Desde la mayor oscuridad de la humanidad a una exhalación de luz, paz y prosperidad. Todos estos tratados han sentado las bases para la paz. Y no sólo la paz para Europa, sino para muchas regiones de alrededor del mundo.