El pasado jueves 16 de marzo, Macron aprobó por decreto, es decir, eludiendo el debate parlamentario y la votación, la reforma del sistema de pensiones, aumentando la edad de jubilación de sesenta y dos a sesenta y cuatro años de aquí a 2030, y ampliando el periodo de cotización hasta los cuarenta y tres años para obtener una pensión completa.
La edad de jubilación aumentará seis meses cada año a partir de septiembre hasta llegar a los sesenta y cuatro en 2030, y la ampliación del periodo de cotización necesario para obtener la pensión completa entrará en vigor en 2027. En otras palabras, las dos medidas que incluye la reforma de pensiones serán implementadas a lo largo de los próximos años, aunque hayan sido ya aprobadas sin discusión, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución francesa.
Los franceses han respondido como de costumbre ante cualquier reforma social de calado que afecte a sus condiciones o jornada de trabajo, sin reflexionar acerca de la insostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de aumentar la edad de jubilación para asegurar la pensión de los más mayores, que cada vez son más y viven más.
No perderé tiempo describiendo las fechorías cometidas por parte de los manifestantes, teniendo disponibles vídeos e imágenes en los medios de comunicación y redes sociales.
A lo que sí me detendré es a analizar cómo esas protestas sociales y crispación se ha trasladado a la Asamblea Nacional, provocando la presentación de dos mociones de censura, de “Rassemblement National” y “Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires”. Ambos grupos políticos alegan la ilegitimidad democrática de la reforma estrella de Macron, la cual formó parte de su campaña electoral en los primeros meses de 2022.
La moción de RN parece no prosperará ya que la izquierda no la apoyará, mientras que la de LIOT podría contar con el apoyo de ambos lados del panorama político, a excepción de “Les Républicains”, que se abstendrán para no aumentar más la tensión.
Si finalmente prosperase, Macron tendría dos opciones: nombrar a otro primer ministro que sustituyese a Élisabeth Borne, o convocar elecciones.
Mientras tanto, el clima de crispación continúa en la calle, alentado por Jean-Luc Mélenchon, que busca sacar rédito del malestar social de los franceses.
No estando de acuerdo con la forma en que Emmanuel ha decidido aprobar la reforma, la misma me parece esencial para sostener el sistema de pensiones, que acumula un déficit notable y hace que la deuda francesa siga aumentando.
Es más, me parece atrevido y sacrificado que haya cumplido su promesa electoral a sabiendas de la impopularidad de la reforma. Lo que creo debería hacer ahora es explicarle a los franceses la necesidad de la misma ya que muchos no son conscientes de la imposibilidad de mantener el sistema de pensiones actual a una población cada vez más longeva y envejecida.
Francia seguirá siendo hasta 2030 uno de los países de la Unión Europea con la edad de jubilación más baja, junto con Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, o Suecia, siendo la edad de jubilación en la mayoría de los países europeos de sesenta y cinco años o más.
La edad de jubilación aumentará seis meses cada año a partir de septiembre hasta llegar a los sesenta y cuatro en 2030, y la ampliación del periodo de cotización necesario para obtener la pensión completa entrará en vigor en 2027. En otras palabras, las dos medidas que incluye la reforma de pensiones serán implementadas a lo largo de los próximos años, aunque hayan sido ya aprobadas sin discusión, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución francesa.
Los franceses han respondido como de costumbre ante cualquier reforma social de calado que afecte a sus condiciones o jornada de trabajo, sin reflexionar acerca de la insostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de aumentar la edad de jubilación para asegurar la pensión de los más mayores, que cada vez son más y viven más.
No perderé tiempo describiendo las fechorías cometidas por parte de los manifestantes, teniendo disponibles vídeos e imágenes en los medios de comunicación y redes sociales.
A lo que sí me detendré es a analizar cómo esas protestas sociales y crispación se ha trasladado a la Asamblea Nacional, provocando la presentación de dos mociones de censura, de “Rassemblement National” y “Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires”. Ambos grupos políticos alegan la ilegitimidad democrática de la reforma estrella de Macron, la cual formó parte de su campaña electoral en los primeros meses de 2022.
La moción de RN parece no prosperará ya que la izquierda no la apoyará, mientras que la de LIOT podría contar con el apoyo de ambos lados del panorama político, a excepción de “Les Républicains”, que se abstendrán para no aumentar más la tensión.
Si finalmente prosperase, Macron tendría dos opciones: nombrar a otro primer ministro que sustituyese a Élisabeth Borne, o convocar elecciones.
Mientras tanto, el clima de crispación continúa en la calle, alentado por Jean-Luc Mélenchon, que busca sacar rédito del malestar social de los franceses.
No estando de acuerdo con la forma en que Emmanuel ha decidido aprobar la reforma, la misma me parece esencial para sostener el sistema de pensiones, que acumula un déficit notable y hace que la deuda francesa siga aumentando.
Es más, me parece atrevido y sacrificado que haya cumplido su promesa electoral a sabiendas de la impopularidad de la reforma. Lo que creo debería hacer ahora es explicarle a los franceses la necesidad de la misma ya que muchos no son conscientes de la imposibilidad de mantener el sistema de pensiones actual a una población cada vez más longeva y envejecida.
Francia seguirá siendo hasta 2030 uno de los países de la Unión Europea con la edad de jubilación más baja, junto con Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, o Suecia, siendo la edad de jubilación en la mayoría de los países europeos de sesenta y cinco años o más.
Mario Sanz Galacho