El gobierno del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, se presentó como un ejemplo de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción que caracterizó al PP durante sus dos décadas al frente de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, en sus casi ocho años de mandato, el pacto progresista ha acumulado numerosos escándalos que han empañado su imagen y han puesto en entredicho su ética y su credibilidad. En este artículo analizaremos los escándalos que han caracterizado 8 años de gobierno del Botànic.
1- Las ayudas a la empresa del hermano de Puig.
Uno de los casos más sonados que afectan al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es el de las ayudas concedidas por su gobierno a una empresa participada por su hermano, Francis Puig.
Se trata de Comunicación del Mediterráneo S.A., editora del diario digital Mediterráneo Press y accionista de varias televisiones locales. Según una investigación de El Mundo, esta empresa recibió más de 600.000 euros en subvenciones públicas entre 2015 y 2019, la mayoría procedentes de la Conselleria de Cultura dirigida por Compromís.
El caso está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha imputado a Francis Puig y a otros dos socios por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El TSJCV también ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Ximo Puig por su posible responsabilidad en el caso, al ser el presidente del Consell que aprobó las ayudas.
2- El caso Azud
Otro caso que salpica al gobierno del Botànic es el caso Azud, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados por el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PSPV-PSOEy Compromís.
Según una investigación de El Confidencial, una trama empresarial liderada por el constructor Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente del Consell Juan Cotino, habría obtenido contratos millonarios a cambio de comisiones ilegales y favores políticos.
Entre los investigados por este caso se encuentran el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y el concejal socialista Ramón Vilar. Ambos están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El caso también afecta al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ha sido llamado a declarar como testigo.
3- El caso Acuamed
Un tercer caso que implica al gobierno del Botànic es el caso Acuamed, que se enmarca en la macrocausa judicial sobre la corrupción en las obras hidráulicas adjudicadas por la empresa pública Acuamed durante los gobiernos del PP.
Según una investigación de El País, varios empresarios habrían pagado sobornos a directivos y funcionarios de Acuamed para conseguir contratos inflados o para cobrar certificaciones falsas.
Entre los imputados por este caso se encuentra el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, que fue administrador único de una empresa que recibió más de 43 millones de euros por unas obras adjudicadas por Acuamed.
También está imputado el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu, actualmente diputado en el Congreso por Compromís.
4- La tasa turística
Uno de los temas que más ha enfrentado a los socios del Botànic es el de la tasa turística, una medida que defienden Compromís y Unides Podem pero que rechaza el PSPV- PSOE.
Se trata de un impuesto que gravaría las pernoctaciones en establecimientos turísticos con el fin de recaudar fondos para mejorar la sostenibilidad y la calidad del sector.
La tasa turística cuenta con el apoyo de diversos colectivos sociales y ecologistas, pero también con la oposición de los empresarios y de los partidos de derecha.
El debate sobre la tasa turística se ha intensificado en los últimos meses, tras la crisis provocada por la pandemia en el sector turístico.
Compromís y Unides Podem han presentado una proposición de ley para regular este impuesto, que estiman que podría generar unos 100 millones de euros al año.
Sin embargo, el PSPV-PSOE se ha negado a apoyar esta iniciativa, alegando que no es el momento adecuado para imponer más cargas al turismo y que se trata de una competencia estatal.
Otro asunto que ha generado discrepancias en el seno del Botànic es el de la ampliación del puerto de Valencia, un proyecto que pretende aumentar la capacidad y la competitividad del recinto portuario mediante la construcción de una nueva terminal de contenedores en el dique norte.
La ampliación del puerto cuenta con el respaldo del PSPV-PSOE y del PP, que la consideran estratégica para el desarrollo económico y logístico de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, Compromís y Unides Podem se oponen a este proyecto, argumentando que supone un grave impacto ambiental y social para el litoral valenciano.
Estos partidos denuncian que la ampliación del puerto afectaría negativamente a la biodiversidad marina, al equilibrio sedimentario, a la calidad del aire y al paisaje urbano.
Además, cuestionan la viabilidad económica y legal del proyecto, que está pendiente de varios informes y recursos.
6- La reversión de las concesiones sanitarias Otro tema que ha generado tensiones en el gobierno del Botànic es el de la reversión de las concesiones sanitarias, un proceso que busca recuperar para la gestión pública directa los departamentos sanitarios que actualmente están gestionados por empresas privadas.
La reversión de las concesiones sanitarias fue uno de los compromisos del primer acuerdo del Botànic en 2015, como parte de su apuesta por una sanidad pública, universal y de calidad.
Sin embargo, el proceso de reversión ha sido lento y complicado, debido a las dificultades técnicas, jurídicas y presupuestarias que implica.
Hasta ahora, solo se ha revertido una de las cinco concesiones sanitarias existentes, la del departamento de La Ribera, en 2018. Las otras cuatro concesiones (Torrevieja, Denia, Manises y Elche-Vinalopó) están pendientes de vencer entre 2021 y 2024, pero su reversión no está garantizada.
El PSPV-PSOE se muestra más favorable a negociar con las empresas concesionarias para mejorar las condiciones del servicio, mientras que Compromís y Unides Podem reclaman cumplir con el compromiso de revertir todas las concesiones.
Tal y como escribí hace algunos meses el gobierno del Botànic, caracterizado por un nacionalismo nunca visto en las instituciones valencianas.
No defendió vehemente una reforma de la Constitución para que la Comunidad Valenciana pudiera hacer leyes en materia civil como sí que pueden hacer otras regiones históricas como Cataluña o Galicia.
Otro fracaso más de las instituciones valencianas que no hace más que constatar cómo los valencianos, independientemente de quien gobierne, somos ignorados por las instituciones del Estado.
8- Mónica Oltra imputada
Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, ha sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por presuntamente encubrir el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por su exmarido.
La Fiscalía le atribuye el delito de prevaricación al considerar que ordenó abrir una investigación paralela a la judicial para desacreditar a la víctima y proteger a su expareja o su carrera política.El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión por abusar de una adolescente de 14 años que estaba bajo su cuidado en un centro religioso de acogida. Oltra ha negado los hechos y ha pedido el archivo de las actuaciones.
En resumen, el gobierno del Botànic ganó las elecciones rasgándose las vestiduras sobre la corrupción y la prevaricación del Partido Popular durante sus 20 años al frente de la Comunitat.
Lejos de dar ejemplo, el gobierno del Botànic sigue inmerso en grandes casos de corrupción y polémicas que lejos de hacer de la Comunitat una referente, la perpetúa como una de las comunidades autónomas en las que nuestros políticos más han robado.
Sin duda, todos estos escándalos pasarán factura el 28-M y las encuestas ya vaticinan un posible pacto entre Carlos Mazón (PP) y Carlos Flores (VOX).
Solo el tiempo dirá si los valencianos castigan o no a nuestros políticos por sus escándalos o les pesa más la gestión de estos últimos 8 años.
El gobierno del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, se presentó como un ejemplo de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción que caracterizó al PP durante sus dos décadas al frente de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, en sus casi ocho años de mandato, el pacto progresista ha acumulado numerosos escándalos que han empañado su imagen y han puesto en entredicho su ética y su credibilidad. En este artículo analizaremos los escándalos que han caracterizado 8 años de gobierno del Botànic.
1- Las ayudas a la empresa del hermano de Puig.
Uno de los casos más sonados que afectan al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es el de las ayudas concedidas por su gobierno a una empresa participada por su hermano, Francis Puig.
Se trata de Comunicación del Mediterráneo S.A., editora del diario digital Mediterráneo Press y accionista de varias televisiones locales. Según una investigación de El Mundo, esta empresa recibió más de 600.000 euros en subvenciones públicas entre 2015 y 2019, la mayoría procedentes de la Conselleria de Cultura dirigida por Compromís.
El caso está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha imputado a Francis Puig y a otros dos socios por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El TSJCV también ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Ximo Puig por su posible responsabilidad en el caso, al ser el presidente del Consell que aprobó las ayudas.
2- El caso Azud
Otro caso que salpica al gobierno del Botànic es el caso Azud, que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados por el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PSPV-PSOEy Compromís.
Según una investigación de El Confidencial, una trama empresarial liderada por el constructor Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente del Consell Juan Cotino, habría obtenido contratos millonarios a cambio de comisiones ilegales y favores políticos.
Entre los investigados por este caso se encuentran el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y el concejal socialista Ramón Vilar. Ambos están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El caso también afecta al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ha sido llamado a declarar como testigo.
3- El caso Acuamed
Un tercer caso que implica al gobierno del Botànic es el caso Acuamed, que se enmarca en la macrocausa judicial sobre la corrupción en las obras hidráulicas adjudicadas por la empresa pública Acuamed durante los gobiernos del PP.
Según una investigación de El País, varios empresarios habrían pagado sobornos a directivos y funcionarios de Acuamed para conseguir contratos inflados o para cobrar certificaciones falsas.
Entre los imputados por este caso se encuentra el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, que fue administrador único de una empresa que recibió más de 43 millones de euros por unas obras adjudicadas por Acuamed.
También está imputado el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu, actualmente diputado en el Congreso por Compromís.
4- La tasa turística
Uno de los temas que más ha enfrentado a los socios del Botànic es el de la tasa turística, una medida que defienden Compromís y Unides Podem pero que rechaza el PSPV- PSOE.
Se trata de un impuesto que gravaría las pernoctaciones en establecimientos turísticos con el fin de recaudar fondos para mejorar la sostenibilidad y la calidad del sector.
La tasa turística cuenta con el apoyo de diversos colectivos sociales y ecologistas, pero también con la oposición de los empresarios y de los partidos de derecha.
El debate sobre la tasa turística se ha intensificado en los últimos meses, tras la crisis provocada por la pandemia en el sector turístico.
Compromís y Unides Podem han presentado una proposición de ley para regular este impuesto, que estiman que podría generar unos 100 millones de euros al año.
Sin embargo, el PSPV-PSOE se ha negado a apoyar esta iniciativa, alegando que no es el momento adecuado para imponer más cargas al turismo y que se trata de una competencia estatal.
5- La ampliación del puerto de Valencia
Otro asunto que ha generado discrepancias en el seno del Botànic es el de la ampliación del puerto de Valencia, un proyecto que pretende aumentar la capacidad y la competitividad del recinto portuario mediante la construcción de una nueva terminal de contenedores en el dique norte.
La ampliación del puerto cuenta con el respaldo del PSPV-PSOE y del PP, que la consideran estratégica para el desarrollo económico y logístico de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, Compromís y Unides Podem se oponen a este proyecto, argumentando que supone un grave impacto ambiental y social para el litoral valenciano.
Estos partidos denuncian que la ampliación del puerto afectaría negativamente a la biodiversidad marina, al equilibrio sedimentario, a la calidad del aire y al paisaje urbano.
Además, cuestionan la viabilidad económica y legal del proyecto, que está pendiente de varios informes y recursos.
6- La reversión de las concesiones sanitarias
Otro tema que ha generado tensiones en el gobierno del Botànic es el de la reversión de las concesiones sanitarias, un proceso que busca recuperar para la gestión pública directa los departamentos sanitarios que actualmente están gestionados por empresas privadas.
La reversión de las concesiones sanitarias fue uno de los compromisos del primer acuerdo del Botànic en 2015, como parte de su apuesta por una sanidad pública, universal y de calidad.
Sin embargo, el proceso de reversión ha sido lento y complicado, debido a las dificultades técnicas, jurídicas y presupuestarias que implica.
Hasta ahora, solo se ha revertido una de las cinco concesiones sanitarias existentes, la del departamento de La Ribera, en 2018. Las otras cuatro concesiones (Torrevieja, Denia, Manises y Elche-Vinalopó) están pendientes de vencer entre 2021 y 2024, pero su reversión no está garantizada.
El PSPV-PSOE se muestra más favorable a negociar con las empresas concesionarias para mejorar las condiciones del servicio, mientras que Compromís y Unides Podem reclaman cumplir con el compromiso de revertir todas las concesiones.
7- La defensa del derecho civil valenciano
Tal y como escribí hace algunos meses el gobierno del Botànic, caracterizado por un nacionalismo nunca visto en las instituciones valencianas.
No defendió vehemente una reforma de la Constitución para que la Comunidad Valenciana pudiera hacer leyes en materia civil como sí que pueden hacer otras regiones históricas como Cataluña o Galicia.
Otro fracaso más de las instituciones valencianas que no hace más que constatar cómo los valencianos, independientemente de quien gobierne, somos ignorados por las instituciones del Estado.
8- Mónica Oltra imputada
Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, ha sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por presuntamente encubrir el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por su exmarido.
La Fiscalía le atribuye el delito de prevaricación al considerar que ordenó abrir una investigación paralela a la judicial para desacreditar a la víctima y proteger a su expareja o su carrera política.El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión por abusar de una adolescente de 14 años que estaba bajo su cuidado en un centro religioso de acogida. Oltra ha negado los hechos y ha pedido el archivo de las actuaciones.
En resumen, el gobierno del Botànic ganó las elecciones rasgándose las vestiduras sobre la corrupción y la prevaricación del Partido Popular durante sus 20 años al frente de la Comunitat.
Lejos de dar ejemplo, el gobierno del Botànic sigue inmerso en grandes casos de corrupción y polémicas que lejos de hacer de la Comunitat una referente, la perpetúa como una de las comunidades autónomas en las que nuestros políticos más han robado.
Sin duda, todos estos escándalos pasarán factura el 28-M y las encuestas ya vaticinan un posible pacto entre Carlos Mazón (PP) y Carlos Flores (VOX).
Solo el tiempo dirá si los valencianos castigan o no a nuestros políticos por sus escándalos o les pesa más la gestión de estos últimos 8 años.