El inicio de la XV legislatura y la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno de España, inauguran una nueva etapa en la política española. Una etapa diferente a cualquier otra, debido a la singularidad del contexto político y a la complejidad de los desafíos a los que se enfrentará, el segundo gobierno de coalición desde los tiempos de la Segunda República. El actual escenario es producto de una serie de eventos y decisiones que cogieron por sorpresa, hasta al más experimentado de los analistas políticos. El primero y más decisivo de estos eventos, ha sido la inesperada decisión del presidente del Gobierno, de convocar elecciones anticipadas, tan solo un día después de que el Partido Popular obtuviera un gran resultado en las elecciones municipales y autonómicas. De esta manera dinamitando el plan ideado por Génova para llevar a su líder, el gallego Núñez Feijóo al Palacio de la Moncloa. Ante este giro radical de los acontecimientos, la campaña de desgaste dirigida contra el entonces gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se vio reducida a un periodo menor a dos meses, y esto dio un respiro a un Partido Socialista que se encontraba en una situación de extrema debilidad , debido a la derrota electoral, las consecuencias negativas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (ley del solo si es sí) y a las graves diferencias sostenidas con su socio de gobierno.
La brillante decisión estratégica de disolver las cortes de forma anticipada no bastaba por si sola para lograr la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. Es por esto, que, tras la convocatoria de elecciones, se puso en marcha una campaña para movilizar a los votantes de izquierdas y de los nacionalismos periféricos, frente a la posibilidad de la llegada al poder de Vox, en un hipotético gobierno de coalición entre la formación popular y los liderados por Santiago Abascal. El éxito de esta estrategia se vio reflejado en unos resultados electorales muy distantes de los que vaticinaban las mayorías de las encuestas. Al contrario de lo que se esperaba, la aritmética parlamentaria resultante de las elecciones generales celebradas el 23 de Julio, no favoreció la llegada del Partido Popular al poder, sino que reflejó lo que muchos expertos consideran una deriva del sistema político español hacia un fenómeno denominado bibloquismo
Siguiendo esta caracterización del espectro político español, es posible distinguir entre dos grandes bloques. El llamado bloque de la investidura, compuesto por ocho formaciones diferentes que facilitaron la permanencia en el poder del secretario general del PSOE y el bloque que se opuso a dicha investidura conformado por el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Una aproximación puramente ideológica fracasaría a la hora de explicar, la heterogeneidad del primer bloque mencionado. Algunos de los lectores se preguntarán por la presencia de dos formaciones históricamente catalogadas dentro del conservadurismo, como lo son el PNV y Junts, dentro una mayoría de investidura que se autodenomina progresista. Para comprender esta situación, al factor ideológico hay que agregarle el análisis de la cuestión territorial. En un estado como el Reino de España, que se erige sobre la diversidad de sus regiones y nacionalidades, el modelo territorial desempeña un papel crucial a la hora de proyectar las diferentes sensibilidades regionales, expresadas políticamente a través de los partidos políticos. En este caso los dirigentes peneuvistas y posconvergentes, han visto el apoyo a la investidura de líder socialista, como la opción más eficaz para hacer valer sus reclamaciones y aumentar su poder político en Madrid.
Ante esta nueva dinámica de bloques, el principal damnificado político ha sido el Partido Popular, que, pese a haber sido el partido más votado en las últimas elecciones y el que más escaños ha obtenido, ha visto su apoyo parlamentario limitado al de los diputados de VOX y UPN, cifra insuficiente para lograr una investidura exitosa. El surgimiento de Vox como formación emergente en el espacio de las derechas es la principal causa del aislamiento político del PP, en lo que a alianzas postelectorales se refiere. Aliados ocasionales de antaño de los populares, como la derecha vasca o catalana, no facilitarán la llegada al poder de Feijóo mientras Vox forme parte de la ecuación. Quien se ha expresado de manera muy clara al respecto, ha sido el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Quien respondiendo al presidente del Partido Popular ha pronunciado la siguiente frase: «Alberto tu tractor tiene gripado el motor, por usar aceite de Vox».
Por su parte el Partido Socialista Obrero Español, ha sido capaz de aglutinar al conjunto de las formaciones progresistas, soberanistas e independentistas en torno al apoyo de la investidura del presidente Sánchez, tras prolongadas y arduas negociaciones. Los socialistas han tenido que ceder en infinidad de puntos para poder contar con el apoyo de las formaciones catalanas y vascas, que entendiendo de la importancia que adquirieron con respecto a la composición de la mayoría parlamentaria, han exigido grandes cesiones a Ferraz. Por ejemplo, los socialistas, han acordado el traspaso de la gestión de la seguridad social al gobierno vasco, la aprobación de una ley orgánica para amnistiar a todos los encausados por el procés, la condonación de una parte de la deuda autonómica de Catalunya, y el traspaso de algunas transferencias que todavía se encontraban en manos del poder central.
De todas estas exigencias, es sin dudas la amnistía la que más dolores de cabeza ha traído a los dirigentes socialistas, y la que más rechazo ha causado tanto dentro como fuera de las filas del partido. Tras el registro en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley orgánica para amnistiar a todos los encausados por haber cometido delitos vinculado al proceso soberanista catalán, miles de ciudadanos se han manifestado en las calles de diferentes ciudades españolas, en diversas manifestaciones convocadas por el partido popular, por Vox, o por algunas organizaciones de la sociedad civil. A estas manifestaciones profundamente democráticas y pacíficas, lamentablemente se han sumado algunos ataques violentos a sedes del PSOE, produciéndose algunos enfrentamientos entre grupúsculos minoritarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
La cuestión de la amnistía se ha erigido como el principal tema de debate en España, y principal argumento de la oposición para deslegitimar la reciente investidura. Tanto la oposición como algunas figuras históricas del PSOE defienden la idea de que la amnistía, supone una traición a España y a su constitución, y que supone el precio que el PSOE ha elegido pagar para sostenerse en el poder. Tildar al gobierno de traidor a la nación y pronosticar la ruptura inminente de España, no hace más que incrementar la polarización y la crispación, en una sociedad en la cual este fenómeno ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años. Desde mi humilde punto de vista, considero que para disminuir la tensión existente, es necesario que los diferentes actores políticos cumplan con el papel que le corresponde, sin excederse en el ejercicio de sus funciones, ni dejarse llevar por las emociones.
Desde las filas socialistas, es imprescindible que se haga un profundo ejercicio de pedagogía para explicar los motivos de la amnistía y sus futuras consecuencias. Además, debe descartarse cualquier tipo de mención al fenómeno del lawfare, para referirse a la labor realizada por los jueces y tribunales que juzgaron los hechos acontecidos durante el proceso independentista en Catalunya. Tampoco debe cometerse el gravísimo error de intentar crear comités que permitan al poder legislativo ejercer un control sobre el poder judicial, que no le corresponde. Regresando a la cuestión del lawfare, resulta imprescindible aclarar que ninguno de los encausados por los eventos relacionados con la organización del referéndum ilegal en Catalunya, y la posterior declaración unilateral de independencia, han sido acusados o juzgados por motivos políticos. Los jueces y los distintos tribunales no han hecho más que hacer cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Una cosa es proponer una amnistía para intentar solucionar por la vía política y a través del diálogo, el conflicto existente en Catalunya, y otra muy distinta es darle valor y significancia política a un relato ficticio sobre una supuesta persecución política inexistente.
La oposición liderada por los populares también debe hacer una profunda autocrítica. En primer lugar, deben entender que la democracia parlamentaria se rige por una serie de reglas, que deben ser acatadas y respetadas sin importar el resultado obtenido. Muchas veces se hacen comparaciones entre la política y el ajedrez, y este artículo no será la excepción. En el juego del ajedrez no gana quien más fichas le quita al rival, sino quien logra poner en una situación de jaque mate al rey rival. En un sistema político como el español, no gana quien más votos o escaños ha obtenido, sino quien logra el apoyo de una mayoría parlamentaria a la hora de la investidura. Resulta curioso tener que recordar esto, a quienes en más de una ocasión han gobernado y gobiernan en territorios donde no han sido la fuerza más votada. Las palabras del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, catalogando la mayoría de la investidura como legítima, traen un poco de calma, tras unos días caracterizados por una fuerte exacerbación y radicalización del discurso político, a la par de grandes movilizaciones en las calles españolas.
Poco han ayudado a mejorar la situación, las sucesivas declaraciones de ciertos dirigentes utilizando términos como golpe de estado, abolición del estado de derecho, o venta de la nación, para referirse a la tramitación de la ley de amnistía. Tampoco ayuda el insulto dirigido al presidente del Gobierno pronunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. Menos ayuda, que quienes no cuentan con tal potestad, tilden de inconstitucional una norma que todavía no ha sido aprobada, y de la cual todavía no conocemos su texto final. En una democracia plena como la española, existen mecanismos de control institucional. La constitución establece una lista de actores que tienen la facultad de poder presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es el organismo previsto por la constitución para dirimir la constitucionalidad o no de una ley. Llamar al Constitucional un tribunal de parte, es otra de las incoherencias esgrimidas por algunos sectores de las derechas en estos últimos días. Hoy más que nunca es necesaria una oposición que canalice sus deseos y frustraciones a través de los canales políticos establecidos, y no una que trate de deslegitimar el modelo democrático español o que acuda a Bruselas para intentar perjudicar al gobierno de todos los españoles y deteriore la imagen de España en Europa.
Los partidos independentistas también son responsables de esta situación y deben cuanto antes renunciar a la unilateralidad y prometer la búsqueda de sus objetivos políticos dentro del marco constitucional, respetando el ordenamiento jurídico vigente. La amnistía abre una nueva oportunidad de reconciliación entre ciudadanos que hace años se encuentran inmersos en un espiral de división y enfrentamiento. Es una oportunidad histórica para Catalunya y el conjunto del Reino de España, de cerrar una herida que tanto daño ha causado. Una vez más reitero que es responsabilidad de los dirigentes independentistas catalanes no desaprovechar esta situación, y devolver a la arena del diálogo político un conflicto que nunca debió haber salido de este marco.
Sin dudas esta será la legislatura de la cuestión territorial. El gobierno de coalición tiene la oportunidad histórica de demostrar, que se puede garantizar la unidad de España desde un enfoque distinto al de la confrontación. Y de esta manera evitar la construcción de relatos y proyectos nacionales alternativos y excluyentes. Es posible construir desde la diversidad y la pluralidad, una España fuerte y próspera, donde cada uno de los españoles se sienta integrado dentro de un proyecto común. Este cambio de perspectiva debe servir como una herramienta para desmantelar el discurso diseñado por los independentistas, y lograr convencer a su base social, de que es posible obtener la mayoría de sus objetivos políticos sin tener que abandonar el hogar común de todos los españoles. Esto significa difundir el mensaje político, de que la independencia no es sólo jurídica y constitucionalmente inalcanzable, sino que también es indeseable. La confrontación política directa con los nacionalismos periféricos no ha funcionado, y no ha hecho más que alimentar el crecimiento electoral de aquellas formaciones que desean romper con la unidad de España. La actual coyuntura demanda afrontar este desafío desde el diálogo, el convencimiento y sobre todo desde el entendimiento de que España se fortalece en su diversidad.
« Una cosa es proponer una amnistía para intentar solucionar por la vía política y a través del diálogo, el conflicto existente en Catalunya. y otra muy distinta es darle valor y significancia política a un relato ficticio, sobre una supuesta persecución política inexistente »
El inicio de la XV legislatura y la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como presidente del Gobierno de España, inauguran una nueva etapa en la política española. Una etapa diferente a cualquier otra, debido a la singularidad del contexto político y a la complejidad de los desafíos a los que se enfrentará, el segundo gobierno de coalición desde los tiempos de la Segunda República. El actual escenario es producto de una serie de eventos y decisiones que cogieron por sorpresa, hasta al más experimentado de los analistas políticos. El primero y más decisivo de estos eventos, ha sido la inesperada decisión del presidente del Gobierno, de convocar elecciones anticipadas, tan solo un día después de que el Partido Popular obtuviera un gran resultado en las elecciones municipales y autonómicas. De esta manera dinamitando el plan ideado por Génova para llevar a su líder, el gallego Núñez Feijóo al Palacio de la Moncloa. Ante este giro radical de los acontecimientos, la campaña de desgaste dirigida contra el entonces gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se vio reducida a un periodo menor a dos meses, y esto dio un respiro a un Partido Socialista que se encontraba en una situación de extrema debilidad , debido a la derrota electoral, las consecuencias negativas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (ley del solo si es sí) y a las graves diferencias sostenidas con su socio de gobierno.
La brillante decisión estratégica de disolver las cortes de forma anticipada no bastaba por si sola para lograr la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. Es por esto, que, tras la convocatoria de elecciones, se puso en marcha una campaña para movilizar a los votantes de izquierdas y de los nacionalismos periféricos, frente a la posibilidad de la llegada al poder de Vox, en un hipotético gobierno de coalición entre la formación popular y los liderados por Santiago Abascal. El éxito de esta estrategia se vio reflejado en unos resultados electorales muy distantes de los que vaticinaban las mayorías de las encuestas. Al contrario de lo que se esperaba, la aritmética parlamentaria resultante de las elecciones generales celebradas el 23 de Julio, no favoreció la llegada del Partido Popular al poder, sino que reflejó lo que muchos expertos consideran una deriva del sistema político español hacia un fenómeno denominado bibloquismo
Siguiendo esta caracterización del espectro político español, es posible distinguir entre dos grandes bloques. El llamado bloque de la investidura, compuesto por ocho formaciones diferentes que facilitaron la permanencia en el poder del secretario general del PSOE y el bloque que se opuso a dicha investidura conformado por el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Una aproximación puramente ideológica fracasaría a la hora de explicar, la heterogeneidad del primer bloque mencionado. Algunos de los lectores se preguntarán por la presencia de dos formaciones históricamente catalogadas dentro del conservadurismo, como lo son el PNV y Junts, dentro una mayoría de investidura que se autodenomina progresista. Para comprender esta situación, al factor ideológico hay que agregarle el análisis de la cuestión territorial. En un estado como el Reino de España, que se erige sobre la diversidad de sus regiones y nacionalidades, el modelo territorial desempeña un papel crucial a la hora de proyectar las diferentes sensibilidades regionales, expresadas políticamente a través de los partidos políticos. En este caso los dirigentes peneuvistas y posconvergentes, han visto el apoyo a la investidura de líder socialista, como la opción más eficaz para hacer valer sus reclamaciones y aumentar su poder político en Madrid.
Ante esta nueva dinámica de bloques, el principal damnificado político ha sido el Partido Popular, que, pese a haber sido el partido más votado en las últimas elecciones y el que más escaños ha obtenido, ha visto su apoyo parlamentario limitado al de los diputados de VOX y UPN, cifra insuficiente para lograr una investidura exitosa. El surgimiento de Vox como formación emergente en el espacio de las derechas es la principal causa del aislamiento político del PP, en lo que a alianzas postelectorales se refiere. Aliados ocasionales de antaño de los populares, como la derecha vasca o catalana, no facilitarán la llegada al poder de Feijóo mientras Vox forme parte de la ecuación. Quien se ha expresado de manera muy clara al respecto, ha sido el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Quien respondiendo al presidente del Partido Popular ha pronunciado la siguiente frase: «Alberto tu tractor tiene gripado el motor, por usar aceite de Vox».
Por su parte el Partido Socialista Obrero Español, ha sido capaz de aglutinar al conjunto de las formaciones progresistas, soberanistas e independentistas en torno al apoyo de la investidura del presidente Sánchez, tras prolongadas y arduas negociaciones. Los socialistas han tenido que ceder en infinidad de puntos para poder contar con el apoyo de las formaciones catalanas y vascas, que entendiendo de la importancia que adquirieron con respecto a la composición de la mayoría parlamentaria, han exigido grandes cesiones a Ferraz. Por ejemplo, los socialistas, han acordado el traspaso de la gestión de la seguridad social al gobierno vasco, la aprobación de una ley orgánica para amnistiar a todos los encausados por el procés, la condonación de una parte de la deuda autonómica de Catalunya, y el traspaso de algunas transferencias que todavía se encontraban en manos del poder central.
De todas estas exigencias, es sin dudas la amnistía la que más dolores de cabeza ha traído a los dirigentes socialistas, y la que más rechazo ha causado tanto dentro como fuera de las filas del partido. Tras el registro en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley orgánica para amnistiar a todos los encausados por haber cometido delitos vinculado al proceso soberanista catalán, miles de ciudadanos se han manifestado en las calles de diferentes ciudades españolas, en diversas manifestaciones convocadas por el partido popular, por Vox, o por algunas organizaciones de la sociedad civil. A estas manifestaciones profundamente democráticas y pacíficas, lamentablemente se han sumado algunos ataques violentos a sedes del PSOE, produciéndose algunos enfrentamientos entre grupúsculos minoritarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
La cuestión de la amnistía se ha erigido como el principal tema de debate en España, y principal argumento de la oposición para deslegitimar la reciente investidura. Tanto la oposición como algunas figuras históricas del PSOE defienden la idea de que la amnistía, supone una traición a España y a su constitución, y que supone el precio que el PSOE ha elegido pagar para sostenerse en el poder. Tildar al gobierno de traidor a la nación y pronosticar la ruptura inminente de España, no hace más que incrementar la polarización y la crispación, en una sociedad en la cual este fenómeno ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años. Desde mi humilde punto de vista, considero que para disminuir la tensión existente, es necesario que los diferentes actores políticos cumplan con el papel que le corresponde, sin excederse en el ejercicio de sus funciones, ni dejarse llevar por las emociones.
Desde las filas socialistas, es imprescindible que se haga un profundo ejercicio de pedagogía para explicar los motivos de la amnistía y sus futuras consecuencias. Además, debe descartarse cualquier tipo de mención al fenómeno del lawfare, para referirse a la labor realizada por los jueces y tribunales que juzgaron los hechos acontecidos durante el proceso independentista en Catalunya. Tampoco debe cometerse el gravísimo error de intentar crear comités que permitan al poder legislativo ejercer un control sobre el poder judicial, que no le corresponde. Regresando a la cuestión del lawfare, resulta imprescindible aclarar que ninguno de los encausados por los eventos relacionados con la organización del referéndum ilegal en Catalunya, y la posterior declaración unilateral de independencia, han sido acusados o juzgados por motivos políticos. Los jueces y los distintos tribunales no han hecho más que hacer cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Una cosa es proponer una amnistía para intentar solucionar por la vía política y a través del diálogo, el conflicto existente en Catalunya, y otra muy distinta es darle valor y significancia política a un relato ficticio sobre una supuesta persecución política inexistente.
La oposición liderada por los populares también debe hacer una profunda autocrítica. En primer lugar, deben entender que la democracia parlamentaria se rige por una serie de reglas, que deben ser acatadas y respetadas sin importar el resultado obtenido. Muchas veces se hacen comparaciones entre la política y el ajedrez, y este artículo no será la excepción. En el juego del ajedrez no gana quien más fichas le quita al rival, sino quien logra poner en una situación de jaque mate al rey rival. En un sistema político como el español, no gana quien más votos o escaños ha obtenido, sino quien logra el apoyo de una mayoría parlamentaria a la hora de la investidura. Resulta curioso tener que recordar esto, a quienes en más de una ocasión han gobernado y gobiernan en territorios donde no han sido la fuerza más votada. Las palabras del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, catalogando la mayoría de la investidura como legítima, traen un poco de calma, tras unos días caracterizados por una fuerte exacerbación y radicalización del discurso político, a la par de grandes movilizaciones en las calles españolas.
Poco han ayudado a mejorar la situación, las sucesivas declaraciones de ciertos dirigentes utilizando términos como golpe de estado, abolición del estado de derecho, o venta de la nación, para referirse a la tramitación de la ley de amnistía. Tampoco ayuda el insulto dirigido al presidente del Gobierno pronunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. Menos ayuda, que quienes no cuentan con tal potestad, tilden de inconstitucional una norma que todavía no ha sido aprobada, y de la cual todavía no conocemos su texto final. En una democracia plena como la española, existen mecanismos de control institucional. La constitución establece una lista de actores que tienen la facultad de poder presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es el organismo previsto por la constitución para dirimir la constitucionalidad o no de una ley. Llamar al Constitucional un tribunal de parte, es otra de las incoherencias esgrimidas por algunos sectores de las derechas en estos últimos días. Hoy más que nunca es necesaria una oposición que canalice sus deseos y frustraciones a través de los canales políticos establecidos, y no una que trate de deslegitimar el modelo democrático español o que acuda a Bruselas para intentar perjudicar al gobierno de todos los españoles y deteriore la imagen de España en Europa.
Los partidos independentistas también son responsables de esta situación y deben cuanto antes renunciar a la unilateralidad y prometer la búsqueda de sus objetivos políticos dentro del marco constitucional, respetando el ordenamiento jurídico vigente. La amnistía abre una nueva oportunidad de reconciliación entre ciudadanos que hace años se encuentran inmersos en un espiral de división y enfrentamiento. Es una oportunidad histórica para Catalunya y el conjunto del Reino de España, de cerrar una herida que tanto daño ha causado. Una vez más reitero que es responsabilidad de los dirigentes independentistas catalanes no desaprovechar esta situación, y devolver a la arena del diálogo político un conflicto que nunca debió haber salido de este marco.
Sin dudas esta será la legislatura de la cuestión territorial. El gobierno de coalición tiene la oportunidad histórica de demostrar, que se puede garantizar la unidad de España desde un enfoque distinto al de la confrontación. Y de esta manera evitar la construcción de relatos y proyectos nacionales alternativos y excluyentes. Es posible construir desde la diversidad y la pluralidad, una España fuerte y próspera, donde cada uno de los españoles se sienta integrado dentro de un proyecto común. Este cambio de perspectiva debe servir como una herramienta para desmantelar el discurso diseñado por los independentistas, y lograr convencer a su base social, de que es posible obtener la mayoría de sus objetivos políticos sin tener que abandonar el hogar común de todos los españoles. Esto significa difundir el mensaje político, de que la independencia no es sólo jurídica y constitucionalmente inalcanzable, sino que también es indeseable. La confrontación política directa con los nacionalismos periféricos no ha funcionado, y no ha hecho más que alimentar el crecimiento electoral de aquellas formaciones que desean romper con la unidad de España. La actual coyuntura demanda afrontar este desafío desde el diálogo, el convencimiento y sobre todo desde el entendimiento de que España se fortalece en su diversidad.