La gestión de asuntos municipales en las grandes ciudades se lleva a cabo a través de mecanismos de descentralización, con una división del municipio en distintos órganos territoriales conocidos como Distritos, los cuales a su vez se dividen en barrios. En el caso de Madrid, se efectúa a través de las Juntas Municipales de Distrito, contando con 21 de ellas. Éstas, atendiendo las necesidades de descentralización, eficacia y coordinación tienen la finalidad de mejorar la gestión de asuntos municipales y facilitar la participación ciudadana. Por otra parte, en un municipio pequeño la descentralización se realizaría a través de un representante del alcalde en la respectiva parroquia, pedanía, poblado o barriada. Por tanto, los niveles territoriales del gran municipio son: municipio (ayuntamiento), distrito y barrio.
El marco legal del funcionamiento de la administración locales se puede encontrar en la Ley 7/1985 de RBRL, su reglamento de ejecución, y ya en el caso de Madrid en el Reglamento de funcionamiento de las JMD. En un principio, el marco jurídico parece idóneo a la hora de cumplir con su propósito: abunda el léxico sobre “gestión desconcentrada”, “participación ciudadana”, “mejora de asuntos”, “representación de los intereses de los barrios”, “cercanía de los ciudadanos”, etc.
No obstante, la realidad es que el ciudadano de a pie se encuentra con varias trabas que hacen complejo el cumplimiento de las bonitas intenciones previamente mencionadas. Por parte del tejido asociativo (ej. asociaciones vecinales, culturales, clubes deportivos, etc.), las cosas tampoco son más fáciles ya que muchas veces el desarrollo de las mismas tiene que ver con la sintonía que se reciba por parte del órgano de gobierno cuando, en realidad, la cosa va sobre la defensa de las necesidades del barrio desde la sociedad cívica. Creo que el tejido asociativo debe tener un trasfondo y razón de existencia mucho más importante que la de actuar como una asociación pantalla de un grupo político, aunque es posible que pueda ocurrir lo anterior. Es más, en una asociación pueden confluir personas que tienen distintas intenciones de voto, pero se agrupan por la defensa de algo común, sea el deporte, su barrio, un legado cultural, una necesidad, etc.
Desde mi punto de vista creo que la dificultad en el cumplimiento de los propósitos previamente mencionado de las JMD tiene que ver con la propia estructura de las mismas, haciendo hincapié en dos problemas: (a) la representatividad, democracia y transparencia real y efectiva de la ciudadanía de todos los barrios y (b) la capacidad de ejecución o autonomía de las JMD, que se analizan a continuación.
Análisis sobre la representatividad ciudadana, democracia y transparencia en los organismos de representación municipal: el acceso a las JMD y el acercamiento de la política a la ciudadanía.
El Pleno del Ayuntamiento se compone por los Concejales (votados por los ciudadanos) que a su vez eligen al alcalde. Por otra parte, las JMD se componen de un Concejal-Presidente y los vocales vecinos, ambos nombrados por el alcalde a propuesta de los grupos políticos. En las JMD, los vocales se agrupan en grupos políticos con representación proporcional al Pleno municipal y nombran a su portavoz y portavoz-adjunto. Los vocales de las JMD perciben una asignación mensual por la asistencia a los plenos de distrito y la realización de las labores de representación encomendadas.
Por el lado de la política, descentralización conlleva la duplicación de la estructura municipal a nivel de distrito con los correspondientes cargos políticos. En los plenos de distrito de delibera sobre los asuntos locales, se proponen y votan proposiciones (cada grupo político tiene un cupo) y se realizan interpelaciones al equipo de gobierno. Por el lado de la ciudadanía, existen también otros mecanismos para favorecer la participación ciudadana siendo estos los Consejos de Proximidad (antes conocidos como Foros Locales). Todos los ciudadanos pueden participar directamente en ellos y proponer problemáticas concretas elevándose posteriormente los asuntos más relevantes al pleno de distrito. Sin embargo, este mecanismo de participación ciudadana no está dando los resultados deseados, a mi modo de ver por desinterés recíproco y por la complejidad en la elevación y ejecución de propuestas en la propia JMD. Por ultimo están los Presupuestos Participativos (en Madrid con la plataforma Decide Madrid) enmarcados en el III Plan de Gobierno Abierto de la AGE y que también cuentan con sus ventajas e inconvenientes.
Por tanto, los ciudadanos estamos representados por una parte por los partidos políticos (elecciones municipales) pero por otra por los mecanismos de participación ciudadana directa, ambos con posible margen de mejora en cuanto a su funcionamiento. En el primer caso, nos encontramos con la situación en la que los vocales de cada JMD no se votan por los habitantes de la misma, sino vienen elegidos por los partidos. Dado el sistema actual, una mejora del mismo podría ser el establecimiento filtros y mecanismos que refuercen la democracia interna, la vinculación, la rotación y el compromiso de los candidatos con su distrito/barrio de referencia. De esa forma se evita que los cargos se conviertan en premios derivados de una hipoteca de favores o afinidad discrecional. Por lo tanto, aunque pueda suponer algo más de burocracia, mecanismos de democracia interna en las agrupaciones políticas para la elección de los representantes o la exigencia de criterios de residencia/empadronamiento con el distrito en cuestión son dos pasos a favor de la coherencia, transparencia y democratización de nuestros organismos. En el segundo caso, la participación ciudadana directa a través de los cauces existentes debe perfeccionarse, dotándola de recursos suficientes y ejecutoriedad (o efectividad). De lo contrario todas esas buenas iniciativas ciudadanas quedan en papel mojado y la participación ciudadana en un marco adornado vacío de contenido.
Análisis sobre la capacidad de ejecución, autonomía o utilidad técnica de las JMD para los distritos y barrios.
Pasando a la segunda cara del problema, encontramos que un obstáculo a la desconcentración y descentralización efectiva son las reducidas competencias que tienen las JMD. La mayoría de decisiones vienen tomadas desde las respectivas Áreas de Gobierno del ayuntamiento. Por ejemplo, las JMD son más bien oficinas administrativas que realizan las labores de empadronamiento, licencias, inspección sanitaria, servicios sociales (gestión de centros deportivos, de mayores o atención social) o control en disciplina urbanística. En cuanto a proyección y planificación, según indica el reglamento, éstas pueden “acordar la elevación a otros órganos municipales las aspiraciones del vecindario” o “trasladar a la administración competente las propuestas de mejora […]”,entre otras cosas. Dichas propuestas se discuten y votan en los Plenos mensuales de cada JMD tomando forma de proposiciones. Una de las grandes flaquezas de este sistema es que las proposiciones y acuerdos no son vinculantes: son “instancias a”, “ruegos a”, “solicitudes a”, en las que, por lo general, la propia JMD carece de capacidad ejecutiva para llevarlas a cabo.
El sistema actual es un arma de doble filo puesto que si bien algunas personas sostienen la eficiencia del mismo (racionalización, centralización y simplificación), otras opinan lo contrario y se cuestionan sobre la efectividad real de este mecanismo ya que podría suponer una pérdida de recursos (tiempo, esfuerzo, dinero) en tratar sobre temas que nunca se ejecutan. Con respecto a lo anterior, que las propuestas no se queden en un cajón dependerá de la propia insistencia de los Concejales Presidentes con el Área delegada correspondiente (de su propio partido) que es la que realmente tiene las competencias ejecutivas en dicha materia. Asimismo, otros factores esenciales para ejecutar una propuesta son su viabilidad, la disponibilidad de fondos y el visto bueno de los técnicos competentes. Por otra parte, en los Plenos de distrito son los partidos de la oposición suelen realizar esa labor “verificadora” o de “control”, aunque otras veces también se asiste a un ruidoso concierto con notas de política nacional repartidas por su melodía. En estos casos, que los cargos políticos utilicen el ruido y la polémica para justificar su existencia (remunerada por todos los ciudadanos) no aporta ningún valor añadido a la gestión efectiva del distrito.
Propuestas de cambio
Desde mi punto de vista nos encontramos con un sistema que se puede perfeccionar en aras de lograr una gestión más cercana y eficaz de los asuntos locales. La reforma del sistema representativo en los órganos de representación de las JMD es un tema complejo y un sistema de elección directa de vocales podría generar más disfuncionalidades que beneficios. En este aspecto la solución pasa por mejorar la comunicación y lograr una mayor cercanía entre los representantes políticos y los ciudadanos. Una propuesta en relación a los cargos políticos en las JMD tiene que ver con el sistema de remuneración. Pasar del sistema actual a un sistema de retribuciones basado en una gratificación/dieta por pleno asistido desplazaría y abriría el acceso a la política a aquellas personas que no dependen de ella como modo de vida (incorporando a changemakers verdaderos) y, por ende, democratizándola y agilizándola.
Por otra parte, las JMD podrían asumir más competencias y tener más autonomía de decisión y ejecución en aspectos locales con cuidado de que ello no implique una pérdida de eficiencia. Lo anterior debe ocurrir en aspectos que afecten de forma más cercana al ciudadano (ej. zonas verdes, servicios sociales, obra pública pequeña, etc.). El resto de competencias permanecerán delegadas al Ayuntamiento y serán aquellas que resulten inasumibles para su gestión directa o que por racionalidad económica deban llevarse a cabo de forma “mancomunada” (ej. recogida de residuos, transportes).
En resumidas cuentas, una vía de en medio que permite la descentralización del gasto y la gestión desconcentrada es la de potenciar el sistema de Inversiones Territoriales. Unas posibilidades para su mejora son las de dar más importancia a las mismas (aumentando su presupuesto), permitir su gestión/tramitación directamente por parte de las JMD y democratizar su elaboración. Este último aspecto tendría la doble ventaja de permitir cumplir con las proposiciones votadas en los plenos de la JMD (incorporándolas de forma que se estableciese un compromiso/vinculación al dotarse de presupuesto) y poder satisfacer el funcionamiento de la participación ciudadana al reservar una cuantía económica para las propuestas provenientes de los mecanismos de participación. Ello podría incluso suponer una simplificación burocrática el ejecutar directamente desde las JMD las actuaciones que no requieran pasar por las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento.
Conclusión
El gran dilema está en lograr modificar el sistema para lograr cumplir con todos esos bonitos principios detallados en los marcos jurídicos salvaguardando los principios de eficiencia y racionalidad económica. La solución idónea para articular la voz del ciudadano en la política municipal es difícil porque es necesario encontrar el balance entre la efectividad de las propuestas de cambio y el coste de las mismas. Sin la necesidad de grandes reformas, el status-quo puede perfeccionarse con pequeños cambios en el sistema de representación (votación de representantes y cambios en la política de remuneración) y delegación de competencias (en aspectos donde la gestión directa reporta mayores beneficios a los ciudadanos). Son muchos los modelos de ciudades que existen en Europa y cada uno con sus ventajas e inconvenientes, que van desde los modelos más federalistas (ej. la ciudad de Bruselas y sus 19 communes independientes, Paris y sus arrondissements) o los mediterráneos más centralistas (ej. Madrid, Roma, etc.). Creo que este debate de la reforma del funcionamiento de la gestión municipal de las grandes ciudades no debe caer en enfrentamientos politizados. Simplemente se trata de pensar con cómo lograr un funcionamiento más efectivo, democrático, transparente y de mejorar el dialogo para poder acercar la política municipal a donde realmente debería estar: en el distrito y el barrio, entre los ciudadanos, vecinos, asociaciones, clubes deportivos, colegios, comerciantes y el sin fin de integrantes que los componen. Así podríamos lograr un nuevo modelo de gobernanza municipalbasado en política útil, constructiva, colaborativa, transparente y efectiva.
10 Propuestas para reformar el sistema político y la gestión desconcentrada en grandes municipios
Las cinco primeras hacen referencia a temas del sistema de representación político y las cinco siguientes a temas más técnicos sobre los modelos de desconcentración territorial y participación ciudadana.
Racionalización del número de cargos políticos eventuales de los grupos políticos, áreas de gobierno y JMDs.
Modificación del régimen de retribuciones: adopción de un sistema de pago por pleno/consejo asistido y reducción de los complementos específicos/de destino en los puestos de dirección.
Valoración de un nuevo sistema de representación local para reforzar la democracia en los órganos de desconcentración: estudio de un sistema de elección directa en cada órgano desconcentrado (a partidos políticos y candidatos independientes); o, en su defecto, refuerzo de los mecanismos de democracia interna en las agrupaciones políticas.
Estudiar la posible limitación en los mandatos de cargos políticos en el pleno municipal y en los órganos de desconcentración a un número determinado de años o legislaturas, favoreciendo así la rotación de personas, ideas y formas de actuar.
Desarrollo de un Código de ética, transparencia y buen gobierno que pueda dar orientaciones sobre los dos puntos anteriores y en base al cual los partidos políticos, agrupaciones, asociaciones y fundaciones del ámbito local puedan basar sus decisiones y funcionamiento.
Reformulación de los mecanismos de participación ciudadana: dotación de recursos económicos para ejecutar las proposiciones de los Consejos de Proximidad y priorización de los proyectos pequeños y simples expuestos en la plataforma de participación ciudadana Decide Madrid. Adquirir compromisos de cumplimiento en cuanto al número de propuestas desarrolladas en cada distrito.
Descentralización de competencias hacia las JMD, simplificación burocrática y administrativa y mejora en la capacidad de decisión y ejecución en asuntos cuya gestión directa reporte mayores beneficios para el ciudadano.
Reducción del número de proposiciones elevadas a los plenos de las JMDs pero exigir una ejecutoriedad mínima en aquellos asuntos de directa competencia (calidad no cantidad).
Refuerzo del sistema de Inversiones Territoriales, aumentando su presupuesto y considerando en su elaboración una cuantía destinada a las proposiciones políticas de los grupos y de los diversos mecanismos de participación ciudadana.
Desarrollo de medidas para mejorar la participación ciudadana en los asuntos políticos del distrito. Comunicación y transparencia entre representantes políticos y ciudadanos.
La gestión de asuntos municipales en las grandes ciudades se lleva a cabo a través de mecanismos de descentralización, con una división del municipio en distintos órganos territoriales conocidos como Distritos, los cuales a su vez se dividen en barrios. En el caso de Madrid, se efectúa a través de las Juntas Municipales de Distrito, contando con 21 de ellas. Éstas, atendiendo las necesidades de descentralización, eficacia y coordinación tienen la finalidad de mejorar la gestión de asuntos municipales y facilitar la participación ciudadana. Por otra parte, en un municipio pequeño la descentralización se realizaría a través de un representante del alcalde en la respectiva parroquia, pedanía, poblado o barriada. Por tanto, los niveles territoriales del gran municipio son: municipio (ayuntamiento), distrito y barrio.
El marco legal del funcionamiento de la administración locales se puede encontrar en la Ley 7/1985 de RBRL, su reglamento de ejecución, y ya en el caso de Madrid en el Reglamento de funcionamiento de las JMD. En un principio, el marco jurídico parece idóneo a la hora de cumplir con su propósito: abunda el léxico sobre “gestión desconcentrada”, “participación ciudadana”, “mejora de asuntos”, “representación de los intereses de los barrios”, “cercanía de los ciudadanos”, etc.
No obstante, la realidad es que el ciudadano de a pie se encuentra con varias trabas que hacen complejo el cumplimiento de las bonitas intenciones previamente mencionadas. Por parte del tejido asociativo (ej. asociaciones vecinales, culturales, clubes deportivos, etc.), las cosas tampoco son más fáciles ya que muchas veces el desarrollo de las mismas tiene que ver con la sintonía que se reciba por parte del órgano de gobierno cuando, en realidad, la cosa va sobre la defensa de las necesidades del barrio desde la sociedad cívica. Creo que el tejido asociativo debe tener un trasfondo y razón de existencia mucho más importante que la de actuar como una asociación pantalla de un grupo político, aunque es posible que pueda ocurrir lo anterior. Es más, en una asociación pueden confluir personas que tienen distintas intenciones de voto, pero se agrupan por la defensa de algo común, sea el deporte, su barrio, un legado cultural, una necesidad, etc.
Desde mi punto de vista creo que la dificultad en el cumplimiento de los propósitos previamente mencionado de las JMD tiene que ver con la propia estructura de las mismas, haciendo hincapié en dos problemas: (a) la representatividad, democracia y transparencia real y efectiva de la ciudadanía de todos los barrios y (b) la capacidad de ejecución o autonomía de las JMD, que se analizan a continuación.
El Pleno del Ayuntamiento se compone por los Concejales (votados por los ciudadanos) que a su vez eligen al alcalde. Por otra parte, las JMD se componen de un Concejal-Presidente y los vocales vecinos, ambos nombrados por el alcalde a propuesta de los grupos políticos. En las JMD, los vocales se agrupan en grupos políticos con representación proporcional al Pleno municipal y nombran a su portavoz y portavoz-adjunto. Los vocales de las JMD perciben una asignación mensual por la asistencia a los plenos de distrito y la realización de las labores de representación encomendadas.
Por el lado de la política, descentralización conlleva la duplicación de la estructura municipal a nivel de distrito con los correspondientes cargos políticos. En los plenos de distrito de delibera sobre los asuntos locales, se proponen y votan proposiciones (cada grupo político tiene un cupo) y se realizan interpelaciones al equipo de gobierno. Por el lado de la ciudadanía, existen también otros mecanismos para favorecer la participación ciudadana siendo estos los Consejos de Proximidad (antes conocidos como Foros Locales). Todos los ciudadanos pueden participar directamente en ellos y proponer problemáticas concretas elevándose posteriormente los asuntos más relevantes al pleno de distrito. Sin embargo, este mecanismo de participación ciudadana no está dando los resultados deseados, a mi modo de ver por desinterés recíproco y por la complejidad en la elevación y ejecución de propuestas en la propia JMD. Por ultimo están los Presupuestos Participativos (en Madrid con la plataforma Decide Madrid) enmarcados en el III Plan de Gobierno Abierto de la AGE y que también cuentan con sus ventajas e inconvenientes.
Por tanto, los ciudadanos estamos representados por una parte por los partidos políticos (elecciones municipales) pero por otra por los mecanismos de participación ciudadana directa, ambos con posible margen de mejora en cuanto a su funcionamiento. En el primer caso, nos encontramos con la situación en la que los vocales de cada JMD no se votan por los habitantes de la misma, sino vienen elegidos por los partidos. Dado el sistema actual, una mejora del mismo podría ser el establecimiento filtros y mecanismos que refuercen la democracia interna, la vinculación, la rotación y el compromiso de los candidatos con su distrito/barrio de referencia. De esa forma se evita que los cargos se conviertan en premios derivados de una hipoteca de favores o afinidad discrecional. Por lo tanto, aunque pueda suponer algo más de burocracia, mecanismos de democracia interna en las agrupaciones políticas para la elección de los representantes o la exigencia de criterios de residencia/empadronamiento con el distrito en cuestión son dos pasos a favor de la coherencia, transparencia y democratización de nuestros organismos. En el segundo caso, la participación ciudadana directa a través de los cauces existentes debe perfeccionarse, dotándola de recursos suficientes y ejecutoriedad (o efectividad). De lo contrario todas esas buenas iniciativas ciudadanas quedan en papel mojado y la participación ciudadana en un marco adornado vacío de contenido.
Pasando a la segunda cara del problema, encontramos que un obstáculo a la desconcentración y descentralización efectiva son las reducidas competencias que tienen las JMD. La mayoría de decisiones vienen tomadas desde las respectivas Áreas de Gobierno del ayuntamiento. Por ejemplo, las JMD son más bien oficinas administrativas que realizan las labores de empadronamiento, licencias, inspección sanitaria, servicios sociales (gestión de centros deportivos, de mayores o atención social) o control en disciplina urbanística. En cuanto a proyección y planificación, según indica el reglamento, éstas pueden “acordar la elevación a otros órganos municipales las aspiraciones del vecindario” o “trasladar a la administración competente las propuestas de mejora […]”,entre otras cosas. Dichas propuestas se discuten y votan en los Plenos mensuales de cada JMD tomando forma de proposiciones. Una de las grandes flaquezas de este sistema es que las proposiciones y acuerdos no son vinculantes: son “instancias a”, “ruegos a”, “solicitudes a”, en las que, por lo general, la propia JMD carece de capacidad ejecutiva para llevarlas a cabo.
El sistema actual es un arma de doble filo puesto que si bien algunas personas sostienen la eficiencia del mismo (racionalización, centralización y simplificación), otras opinan lo contrario y se cuestionan sobre la efectividad real de este mecanismo ya que podría suponer una pérdida de recursos (tiempo, esfuerzo, dinero) en tratar sobre temas que nunca se ejecutan. Con respecto a lo anterior, que las propuestas no se queden en un cajón dependerá de la propia insistencia de los Concejales Presidentes con el Área delegada correspondiente (de su propio partido) que es la que realmente tiene las competencias ejecutivas en dicha materia. Asimismo, otros factores esenciales para ejecutar una propuesta son su viabilidad, la disponibilidad de fondos y el visto bueno de los técnicos competentes. Por otra parte, en los Plenos de distrito son los partidos de la oposición suelen realizar esa labor “verificadora” o de “control”, aunque otras veces también se asiste a un ruidoso concierto con notas de política nacional repartidas por su melodía. En estos casos, que los cargos políticos utilicen el ruido y la polémica para justificar su existencia (remunerada por todos los ciudadanos) no aporta ningún valor añadido a la gestión efectiva del distrito.
Propuestas de cambio
Desde mi punto de vista nos encontramos con un sistema que se puede perfeccionar en aras de lograr una gestión más cercana y eficaz de los asuntos locales. La reforma del sistema representativo en los órganos de representación de las JMD es un tema complejo y un sistema de elección directa de vocales podría generar más disfuncionalidades que beneficios. En este aspecto la solución pasa por mejorar la comunicación y lograr una mayor cercanía entre los representantes políticos y los ciudadanos. Una propuesta en relación a los cargos políticos en las JMD tiene que ver con el sistema de remuneración. Pasar del sistema actual a un sistema de retribuciones basado en una gratificación/dieta por pleno asistido desplazaría y abriría el acceso a la política a aquellas personas que no dependen de ella como modo de vida (incorporando a changemakers verdaderos) y, por ende, democratizándola y agilizándola.
Por otra parte, las JMD podrían asumir más competencias y tener más autonomía de decisión y ejecución en aspectos locales con cuidado de que ello no implique una pérdida de eficiencia. Lo anterior debe ocurrir en aspectos que afecten de forma más cercana al ciudadano (ej. zonas verdes, servicios sociales, obra pública pequeña, etc.). El resto de competencias permanecerán delegadas al Ayuntamiento y serán aquellas que resulten inasumibles para su gestión directa o que por racionalidad económica deban llevarse a cabo de forma “mancomunada” (ej. recogida de residuos, transportes).
En resumidas cuentas, una vía de en medio que permite la descentralización del gasto y la gestión desconcentrada es la de potenciar el sistema de Inversiones Territoriales. Unas posibilidades para su mejora son las de dar más importancia a las mismas (aumentando su presupuesto), permitir su gestión/tramitación directamente por parte de las JMD y democratizar su elaboración. Este último aspecto tendría la doble ventaja de permitir cumplir con las proposiciones votadas en los plenos de la JMD (incorporándolas de forma que se estableciese un compromiso/vinculación al dotarse de presupuesto) y poder satisfacer el funcionamiento de la participación ciudadana al reservar una cuantía económica para las propuestas provenientes de los mecanismos de participación. Ello podría incluso suponer una simplificación burocrática el ejecutar directamente desde las JMD las actuaciones que no requieran pasar por las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento.
Conclusión
El gran dilema está en lograr modificar el sistema para lograr cumplir con todos esos bonitos principios detallados en los marcos jurídicos salvaguardando los principios de eficiencia y racionalidad económica. La solución idónea para articular la voz del ciudadano en la política municipal es difícil porque es necesario encontrar el balance entre la efectividad de las propuestas de cambio y el coste de las mismas. Sin la necesidad de grandes reformas, el status-quo puede perfeccionarse con pequeños cambios en el sistema de representación (votación de representantes y cambios en la política de remuneración) y delegación de competencias (en aspectos donde la gestión directa reporta mayores beneficios a los ciudadanos). Son muchos los modelos de ciudades que existen en Europa y cada uno con sus ventajas e inconvenientes, que van desde los modelos más federalistas (ej. la ciudad de Bruselas y sus 19 communes independientes, Paris y sus arrondissements) o los mediterráneos más centralistas (ej. Madrid, Roma, etc.). Creo que este debate de la reforma del funcionamiento de la gestión municipal de las grandes ciudades no debe caer en enfrentamientos politizados. Simplemente se trata de pensar con cómo lograr un funcionamiento más efectivo, democrático, transparente y de mejorar el dialogo para poder acercar la política municipal a donde realmente debería estar: en el distrito y el barrio, entre los ciudadanos, vecinos, asociaciones, clubes deportivos, colegios, comerciantes y el sin fin de integrantes que los componen. Así podríamos lograr un nuevo modelo de gobernanza municipal basado en política útil, constructiva, colaborativa, transparente y efectiva.
Fuentes consultadas
Las cinco primeras hacen referencia a temas del sistema de representación político y las cinco siguientes a temas más técnicos sobre los modelos de desconcentración territorial y participación ciudadana.