Este 28 de mayo, el presidente actual del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció oficialmente al Estado de Palestina en un momento crítico del largo conflicto entre el pueblo palestino e Israel tras los ataques de Hamás en suelo israelí el pasado 7 de octubre de 2023. Independientemente de lo que se pueda pensar al respecto sobre si este reconocimiento es legítimo, moral o inoportuno, hay un conflicto con características similares en el que España sí que tiene responsabilidades directas en el que también hay un pueblo que está siendo masacrado por un país expansionista apoyado por EEUU. Ese es el pueblo saharaui y usted se preguntará: ¿Qué tiene que ver España con el Sáhara Occidental? Pues mucho más de lo que tiene que ver con Palestina.
Para comprender nuestras responsabilidades en el Sáhara Occidental, es necesario hacer un ejercicio de extrema dificultad para la sociedad española: recordar su historia. España tuvo contacto con el territorio que conocemos ahora como el Sáhara Occidental desde antes del descubrimiento de América, pero fue en 1884 cuando se convirtió en un protectorado español. Durante aquel período, se forjaron alianzas que propiciaron una armonía afro-europea que no fue vista en ningún otro protectorado ni colonia europea en África. Esto se puede ver en la construcción de colegios, clínicas y el respeto a la cultura autóctona, y es que, de hecho, los documentos del protectorado fueron escritos tanto en español como en árabe hassanía, el árabe de los saharauis, dejando clara una evidente hermandad hispano-saharaui. Pero, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU comenzó una serie de procesos de descolonización y, cuando España entró en ella en 1955, su caso no iba a ser la excepción y la ONU la empezó a presionar para que España descolonizara sus territorios no autónomos, incluyendo el Sáhara, considerado una colonia según la legalidad internacional. España en un principio no se opuso a esto y firmó la Carta de la ONU, comprometiéndose a facilitar la descolonización y a organizar un referéndum de autodeterminación para los saharauis y a proteger sus derechos humanos, responsabilidades que se reiteraron en las Resoluciones 1514 (XV), 2229 (XXI) y 2072 (XX) que, repito, España acordó. Sin embargo, la celebración del referéndum se fue complicando debido a la situación tan difícil por la que estaba pasando la España de Franco, así que, en un intento de quitarse de encima las presiones de la ONU, en 1958 el Sáhara fue convertido en la provincia número 53, con el mismo estatus de Valencia o Sevilla y otorgó la nacionalidad española a los saharauis, dándoles documentos que así lo acreditaban, pero las tensiones con la ONU persistieron. Años más tarde, con la decadencia del franquismo ya más evidente, con Franco en sus últimas horas y con las bases de la transición asentándose, España optó por entregar el Sáhara a Marruecos, en parte debido a la ambición expansionista marroquí que exigía que el territorio era suyo, aunque cabe decir que no lo reclamó hasta que los españoles y los saharauis empezaron a hacer uso de los recursos naturales. Además, pese a la resistencia hispano-saharaui y a un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia que negó rotundamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, el 6 de noviembre de 1975, el monarca marroquí, Hassan II, organizó una invasión “pseudo-pacífica” con 350.000 marroquíes. Esta invasión fue conocida como la Marcha Verde y fue respaldada por Estados Unidos después de que Marruecos convenciera a Washington de que si el Sáhara Occidental se independizaba, podría ser un nuevo foco soviético debido a que era aliado de Argelia, un país pro-soviético en aquel entonces. Ante esta situación, España, lejos de proteger a uno de sus territorios y a sus habitantes, se reunió con los gobiernos de Marruecos y de Mauritania el 14 de noviembre de 1975. El resultado de aquella reunión fueron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España delegó sus competencias sobre el Sáhara a una administración formada por Marruecos y Mauritania, aunque esta última se retiró en 1979. Desde entonces, Marruecos ha ocupado toda la costa y todos los territorios fértiles del Sáhara Occidental, también ha frenado cualquier intento de la ONU por realizar ese referéndum de libre autodeterminación y ha construido uno de los mayores muros del mundo, con la ayuda de Israel, que impide a los saharauis tanto entrar como salir. Cabe mencionar que es el territorio con más minas por metro cuadrado de todo el planeta.
Lo agravante de esto es que esos acuerdos no son solo una violación al derecho internacional al no estar reconocidos por la ONU y porque no cambiaron el estatus del Sáhara como Territorio No Autónomo, lo que convierte a España en la Potencia Administradora obligándola a cumplir con dichas responsabilidades, sino que también van en contra del derecho español. Recordemos que una norma jurídica en España solo entra en vigor cuando es publicada en el BOE y no, los Acuerdos Tripartitos nunca fueron publicados en el BOE. También según la Constitución Española, la legalidad internacional está por encima de la interna, así que tanto el Artículo 73 del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones respecto al Sáhara basadas en él, están por encima de los Acuerdos Tripartitos. Entonces, ya sea por las conexiones históricas o por la legalidad internacional, España fue, es y siempre será la Potencia Administradora del Sáhara Occidental hasta que este celebre su referéndum de libre autodeterminación. A pesar de todo esto, todos los gobiernos de la democracia española han ignorado este hecho, pero Pedro Sánchez fue un paso más reconociendo el Plan de Autonomía de Marruecos sobre el Sáhara, por el que pasaría a ser una especie de comunidad autónoma marroquí en la que serían adoptados todos los atributos para que los saharauis sean considerados marroquíes. Es decir, los saharauis deberían acoger la bandera nacional, el himno y la moneda marroquí, además de ceder sus competencias de seguridad, de defensa y de relaciones exteriores a Marruecos. En otras palabras, este plan defiende la desaparición total y absoluta del Sáhara Occidental y es algo que Pedro Sánchez sigue viendo, en palabras suyas, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Por todo esto, no cabe duda de que, si España tiene que pedir perdón a alguno de sus antiguos territorios, sería al Sáhara Occidental. Lo que resulta curioso es que este gobierno de Sánchez no tiene ningún problema en reconocer al Estado Palestino, un reconocimiento que no pasa por ningún referéndum ni por ninguna vía legal establecida, lo que tampoco quiere decir que sea menos justo. De todas formas, demuestra una hipocresía bastante sangrante y una política exterior de todo menos coherente: ¿Por qué reconocer a Palestina como Estado cuando todavía tenemos nuestra propia “Palestina” en nuestra historia? Me temo que nunca sabremos la respuesta.
Ahora, que no se me malinterprete, no quiero decir que la causa saharaui valga más que la palestina, pero sí que toca más de cerca a España ya que tenemos responsabilidades directas, tanto históricas como legales, en el Sáhara Occidental y con Palestina no, es así de sencillo. Además, hay que tener en cuenta que los palestinos cuentan con la ayuda de cientos de países mientras que los saharauis están totalmente solos y están solos por culpa de España. Y sí, ojalá tener la posición internacional y la cantidad de recursos necesaria para apoyar a estas dos causas e incluso a más, pero la realidad es la que es. Por último, recordemos que nuestra nación fue la primera en reconocer los derechos humanos, y es que fue Isabel la Católica quien, en su testamento, promovió las Leyes de Burgos de 1512, las cuales sirven como el primer precedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración en la que se basó la ONU para redactar el ya mencionado Artículo 73 del Capítulo XI de su Carta y las resoluciones que defienden la protección de los pueblos colonizados. Resulta paradójico que la primera nación en concebir los derechos humanos se aparte de su deber de protegerlos y se alinee con los países que promueven el acabar con ellos.
Este 28 de mayo, el presidente actual del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció oficialmente al Estado de Palestina en un momento crítico del largo conflicto entre el pueblo palestino e Israel tras los ataques de Hamás en suelo israelí el pasado 7 de octubre de 2023. Independientemente de lo que se pueda pensar al respecto sobre si este reconocimiento es legítimo, moral o inoportuno, hay un conflicto con características similares en el que España sí que tiene responsabilidades directas en el que también hay un pueblo que está siendo masacrado por un país expansionista apoyado por EEUU. Ese es el pueblo saharaui y usted se preguntará: ¿Qué tiene que ver España con el Sáhara Occidental? Pues mucho más de lo que tiene que ver con Palestina.
Para comprender nuestras responsabilidades en el Sáhara Occidental, es necesario hacer un ejercicio de extrema dificultad para la sociedad española: recordar su historia. España tuvo contacto con el territorio que conocemos ahora como el Sáhara Occidental desde antes del descubrimiento de América, pero fue en 1884 cuando se convirtió en un protectorado español. Durante aquel período, se forjaron alianzas que propiciaron una armonía afro-europea que no fue vista en ningún otro protectorado ni colonia europea en África. Esto se puede ver en la construcción de colegios, clínicas y el respeto a la cultura autóctona, y es que, de hecho, los documentos del protectorado fueron escritos tanto en español como en árabe hassanía, el árabe de los saharauis, dejando clara una evidente hermandad hispano-saharaui. Pero, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU comenzó una serie de procesos de descolonización y, cuando España entró en ella en 1955, su caso no iba a ser la excepción y la ONU la empezó a presionar para que España descolonizara sus territorios no autónomos, incluyendo el Sáhara, considerado una colonia según la legalidad internacional. España en un principio no se opuso a esto y firmó la Carta de la ONU, comprometiéndose a facilitar la descolonización y a organizar un referéndum de autodeterminación para los saharauis y a proteger sus derechos humanos, responsabilidades que se reiteraron en las Resoluciones 1514 (XV), 2229 (XXI) y 2072 (XX) que, repito, España acordó. Sin embargo, la celebración del referéndum se fue complicando debido a la situación tan difícil por la que estaba pasando la España de Franco, así que, en un intento de quitarse de encima las presiones de la ONU, en 1958 el Sáhara fue convertido en la provincia número 53, con el mismo estatus de Valencia o Sevilla y otorgó la nacionalidad española a los saharauis, dándoles documentos que así lo acreditaban, pero las tensiones con la ONU persistieron. Años más tarde, con la decadencia del franquismo ya más evidente, con Franco en sus últimas horas y con las bases de la transición asentándose, España optó por entregar el Sáhara a Marruecos, en parte debido a la ambición expansionista marroquí que exigía que el territorio era suyo, aunque cabe decir que no lo reclamó hasta que los españoles y los saharauis empezaron a hacer uso de los recursos naturales. Además, pese a la resistencia hispano-saharaui y a un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia que negó rotundamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, el 6 de noviembre de 1975, el monarca marroquí, Hassan II, organizó una invasión “pseudo-pacífica” con 350.000 marroquíes. Esta invasión fue conocida como la Marcha Verde y fue respaldada por Estados Unidos después de que Marruecos convenciera a Washington de que si el Sáhara Occidental se independizaba, podría ser un nuevo foco soviético debido a que era aliado de Argelia, un país pro-soviético en aquel entonces. Ante esta situación, España, lejos de proteger a uno de sus territorios y a sus habitantes, se reunió con los gobiernos de Marruecos y de Mauritania el 14 de noviembre de 1975. El resultado de aquella reunión fueron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España delegó sus competencias sobre el Sáhara a una administración formada por Marruecos y Mauritania, aunque esta última se retiró en 1979. Desde entonces, Marruecos ha ocupado toda la costa y todos los territorios fértiles del Sáhara Occidental, también ha frenado cualquier intento de la ONU por realizar ese referéndum de libre autodeterminación y ha construido uno de los mayores muros del mundo, con la ayuda de Israel, que impide a los saharauis tanto entrar como salir. Cabe mencionar que es el territorio con más minas por metro cuadrado de todo el planeta.
Lo agravante de esto es que esos acuerdos no son solo una violación al derecho internacional al no estar reconocidos por la ONU y porque no cambiaron el estatus del Sáhara como Territorio No Autónomo, lo que convierte a España en la Potencia Administradora obligándola a cumplir con dichas responsabilidades, sino que también van en contra del derecho español. Recordemos que una norma jurídica en España solo entra en vigor cuando es publicada en el BOE y no, los Acuerdos Tripartitos nunca fueron publicados en el BOE. También según la Constitución Española, la legalidad internacional está por encima de la interna, así que tanto el Artículo 73 del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones respecto al Sáhara basadas en él, están por encima de los Acuerdos Tripartitos. Entonces, ya sea por las conexiones históricas o por la legalidad internacional, España fue, es y siempre será la Potencia Administradora del Sáhara Occidental hasta que este celebre su referéndum de libre autodeterminación. A pesar de todo esto, todos los gobiernos de la democracia española han ignorado este hecho, pero Pedro Sánchez fue un paso más reconociendo el Plan de Autonomía de Marruecos sobre el Sáhara, por el que pasaría a ser una especie de comunidad autónoma marroquí en la que serían adoptados todos los atributos para que los saharauis sean considerados marroquíes. Es decir, los saharauis deberían acoger la bandera nacional, el himno y la moneda marroquí, además de ceder sus competencias de seguridad, de defensa y de relaciones exteriores a Marruecos. En otras palabras, este plan defiende la desaparición total y absoluta del Sáhara Occidental y es algo que Pedro Sánchez sigue viendo, en palabras suyas, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Por todo esto, no cabe duda de que, si España tiene que pedir perdón a alguno de sus antiguos territorios, sería al Sáhara Occidental. Lo que resulta curioso es que este gobierno de Sánchez no tiene ningún problema en reconocer al Estado Palestino, un reconocimiento que no pasa por ningún referéndum ni por ninguna vía legal establecida, lo que tampoco quiere decir que sea menos justo. De todas formas, demuestra una hipocresía bastante sangrante y una política exterior de todo menos coherente: ¿Por qué reconocer a Palestina como Estado cuando todavía tenemos nuestra propia “Palestina” en nuestra historia? Me temo que nunca sabremos la respuesta.
Ahora, que no se me malinterprete, no quiero decir que la causa saharaui valga más que la palestina, pero sí que toca más de cerca a España ya que tenemos responsabilidades directas, tanto históricas como legales, en el Sáhara Occidental y con Palestina no, es así de sencillo. Además, hay que tener en cuenta que los palestinos cuentan con la ayuda de cientos de países mientras que los saharauis están totalmente solos y están solos por culpa de España. Y sí, ojalá tener la posición internacional y la cantidad de recursos necesaria para apoyar a estas dos causas e incluso a más, pero la realidad es la que es. Por último, recordemos que nuestra nación fue la primera en reconocer los derechos humanos, y es que fue Isabel la Católica quien, en su testamento, promovió las Leyes de Burgos de 1512, las cuales sirven como el primer precedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración en la que se basó la ONU para redactar el ya mencionado Artículo 73 del Capítulo XI de su Carta y las resoluciones que defienden la protección de los pueblos colonizados. Resulta paradójico que la primera nación en concebir los derechos humanos se aparte de su deber de protegerlos y se alinee con los países que promueven el acabar con ellos.