Adéu Carles, has perdut, reconeix-ho

El escenario político catalán frente desafío de la financiación singular, el fin del Procés  y la renovación del liderazgo independentista, bajo la omnipresente sombra de Puigdemont  

El pasado lunes, durante su esperada aparición en la primera jornada de la convención nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que se está celebrando durante estos días en la ciudad de Chicago. El actual presidente y hasta hace pocas semanas candidato demócrata, Joe Biden, pronunció una frase simple pero esclarecedora a la hora de pasar el testigo a la actual vicepresidenta Kamala Harris. El mandatario estadounidense expresó la siguiente frase ante un estadio colmado por los afiliados demócratas «Amo mi trabajo, pero amo más a mi país».  

Sobre esta frase y su simple pero profundo significado, deberían reflexionar varios de los líderes catalanes que llevaron los hilos de Catalunya durante los años del Procés, y que ahora se niegan a dar un paso a un lado, para favorecer la regeneración política tanto a nivel autonómico como también en sus respectivas formaciones independentistas.    

Esta rotunda necesidad de renovación y recambio, constituyen el eje central de los diferentes debates que están teniendo lugar, entre las autoridades y las bases  de Junts y ERC. No resulta casualidad que el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, declarará ayer durante la realización de una actividad en la Universitat Catalana d’Estiu, sobre la necesidad de que tanto Puigdemont como Junqueras reflexionen acerca del rol que deben ocupar de cara al futuro.  

En Catalunya soplan nuevos vientos, y tanto los partidos políticos como sus líderes, deberán reformular sus posiciones, estilos y estrategias.  La exitosa investidura del socialista Salvador Illa como President de la Generalitat, que contó con los apoyos de los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya y Catalunya En Comú , da inicio a una nueva y esperanzadora etapa en la política catalana, tras largos años donde los independentistas contaron tanto con el poder que otorga la presidencia de la Generalitat como también con mayorías absolutas en el Parlament de Catalunya, producto de la obtención de muy buenos resultados electorales y de un importante apoyo popular a la causa de la independencia y la autodeterminación.  

Esta nueva deriva de la coyuntura política, impulsada  por los deseos de cambio de los ciudadanos catalanes expresados en las urnas, ha significado sin dudas la derrota de la vía unilateral  como método para alcanzar los objetivos establecidos por el independentismo.   

El pragmatismo político, la gestión y la voluntad de diálogo han prevalecido por sobre el maximalismo rupturista defendido por algunos sectores del movimiento soberanista, lo que ha generado una profunda división entre ERC, Junts y la Cup, a la hora de planificar el futuro. Y digerir tanto la pérdida del poder y la mayoría en el Parlament, como también el claro retroceso electoral.   

Con respecto al fracaso de la vía unilateral, es sin dudas Carles Puigdemont la figura política que mejor encarna el espíritu de esta derrota. El expresident huido de la justicia española, había planteado las últimas elecciones autonómicas, como una oportunidad para el pueblo catalán de restituir al legítimo president de la Generalitat, según su propia narrativa.  Sin embargo, los electores dieron la espalda  al proyecto personal de Puigdemont permitiendo la consolidación del primer gobierno no independentista en años. Al mal desempeño electoral de Junts, se suma la incapacidad o falta de voluntad de parte de Puigdemont, para cumplir con sus dos principales promesas realizadas durante la campaña. El líder independentista no ha asistido al pleno de investidura como había prometido, ni tampoco ha anunciado su retiro de la primera línea de la política, como también había prometido en caso de no ser elegido president.  

Al ex alcalde de Girona, le cuesta asumir que no solamente ha dejado de ser el líder indiscutible de Catalunya, sino que no siquiera lidera un sector independentista en horas bajas. Su incapacidad para entender su endeble situación y la falta de autocrítica que le caracteriza, nos dan a entender que probablemente Puidgemont no seguirá los pasos de Biden. Por lo contrario  buscará continuar ejerciendo el poder orgánico en  Junts, para hacer valer sus valiosos siete votos en el Congreso de los Diputados, tan necesarios para el sostenimiento del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el poder.  

Es evidente que su larga estancia en Waterloo, le ha alejado del contacto con la realidad social catalana y esto sin dudas tiene un impacto importante a la hora de configurar su estrategia.  Puigdemont puede estar sufriendo una situación similar a la que afectó a los viejos dirigentes del PSOE en el exilio, que acudieron al Congreso de Suresnes con plena confianza y sin saber, que un grupo de jóvenes socialistas sevillanos se preparaban para dar un golpe sobre el tablero.   

El transcurrir de los últimos acontecimientos indican que Puigdemont centrará sus esfuerzos en continuar con su espectáculo de victimización y basará su estrategia en hacer de su pugna con la justicia, su principal herramienta.  Ante la negativa del juez Llarena de aplicar la ley de amnistía lo que facilitaría su retorno definitivo a España sin la amenaza de ser arrestado (La aplicación de la ley de amnistía y sus consecuencias, es un aspecto que será analizado en otros apartados del artículo)  

Pero los problemas dentro del campo independentista no afectan únicamente a la formación poscovergente, sino también a Esquerra Republicana de Catalunya. La celebración en los próximos meses de un congreso del partido para elegir a sus autoridades, tras la dimisión de Oriol Junqueras, producto de los malos resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas, abre nuevas heridas y grietas entre los militantes del independentismo de izquierdas.  

Por un lado, se encuentran los partidarios de Junqueras, que buscarán su permanencia como máxima autoridad del partido, mientras que, en la acera de enfrente, se encuentran los sectores más cercanos a Marta Rovira, que acusan a Junqueras de priorizar las alianzas con otras formaciones de izquierdas y los pactos en materia económica y social, por sobre la búsqueda de la consecución de la independencia. Este sector más radical en lo que a las ansias independentistas se refiere, tiene la intención de presentar un candidato alternativo en el congreso a celebrarse en los próximos meses.   

Al analizar toda la información brindada en los apartados anteriores, no debemos caer en el infantil error de pensar que los viejos problemas de Catalunya, y que tanto dolor de cabeza han generado en la relación entre la Generalitat y la Moncloa, son cosa del pasado. El tan anunciado fin del Procés independentista, no significa la inmediata desaparición de las amenazas existentes para la unidad de España, ni tampoco la resolución de una serie de problemáticas que se han ido acentuando en las últimas décadas. Este desenlace de los acontecimientos más bien significa, un retorno a la situación existente antes del inicio de la vorágine independentista, acontecida a partir del año 2012.   

La cuestión de la financiación volverá a ejercer un rol protagonista durante esta legislatura, y esto se ve reflejado en el contenido del acuerdo suscrito entre el PSC y ERC, en cual los republicanos se comprometieron a apoyar la investidura del president socialista, a cambio de obtener una serie de compromisos, siendo la financiación singular de Catalunya uno de los más relevantes.   

El debate sobre un nuevo modelo de financiación para Catalunya, no representa ningún tipo de novedad, para quienes hemos seguido atentamente el transcurso de la política catalana a través de los años. A muchos la cuestión de la financiación singular les recordará al pacto fiscal defendido por Artur Mas y a la anulación de parte del Estatut de Autonomía por parte del Tribunal Constitucional en el año 2010.   

Sin embargo, la lectura del acuerdo entre socialistas y republicanos nos hace ver que esta vez existe un marcado compromiso por parte del ejecutivo nacional liderado por Pedro Sánchez, de permitir el establecimiento de un nuevo sistema que permita a la Generalitat recaudar, gestionar y ejecutar todos los impuestos vigentes en Catalunya. Y esta voluntad por parte del ejecutivo nacional de facilitar la obtención de un modelo de soberanía fiscal para Catalunya, si es una novedad.    

En caso de hacerse efectivos los compromisos adquiridos en el acuerdo, la autoridad fiscal de Catalunya se encargará de recaudar, gestionar y ejecutar la totalidad de los impuestos, para luego ceder un porcentaje a la administración central en retribución por los servicios brindados por la misma y también otro porcentaje relacionado con el mecanismo de solidaridad establecido para con las otras comunidades autónomas. 

Esto supondría la salida de Catalunya del régimen general de financiación de las autonomías, para lo que se necesitaría una reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y de otras leyes elaboradas con posterioridad. La aprobación de dichas reformas será muy difícil de alcanzar en el Congreso de los Diputados, debido al manifiesto rechazo no solamente de la oposición, sino también de los barones socialistas de otras comunidades que entienden esta situación como un privilegio para Catalunya en detrimento de los principios de solidaridad e igualdad entre todos los españoles. Compromís, la Chunta Aragonesista  y el BNG, han exigido que una reforma en el modelo de financiación para Catalunya, debe ir acompañada de una mejora en la financiación para sus respectivas comunidades. Lo que supondría el desmantelamiento total del actual régimen de financiación general.  

La aritmética parlamentaria salida de las urnas hace prever que el gobierno tendrá serias dificultades a la hora de aprobar la denominada financiación singular para Catalunya, pero también tendrá dificultades a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como Junts, ejercerán una fuerte presión sobre el gobierno para que avance el nuevo modelo de financiación, con la amenaza de una ruptura y la pérdida del poder por parte de Sánchez.  

Junts ya ha dado un paso en este sentido, reclamando que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Félix Bolaños, ministro de la presidencia, acudan al congreso a explicar el alcance y las implicancias del acuerdo con respecto al futuro modelo de financiación. Esta medida adoptada por la formación post-convergente, se da en respuesta a las declaraciones realizadas por Montero, durante su visita al alcalde de Rota, en las cuales expresó que el nuevo modelo de financiación no tendrá la forma de un concierto a la vasca, pero que tampoco será una simple reforma del régimen general, dejando serias dudas con respecto a las intenciones de los socialistas. 

El debate sobre la financiación singular para Catalunya, abre una serie de interrogantes que merecen ser analizados en este apartado. En primer lugar, se sitúa la supuesta infrafinanciación de las instituciones catalanas, producto de la falta de actualización del régimen general de financiación. Es evidente que la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas de régimen general tiene que ser reformada. Ya que Catalunya no es la única comunidad disconforme con el reparto actual.  

Pero las autoridades catalanas van más allá, alegando que la singularidad de Catalunya y sus especificidades propias, hacen necesario un modelo diferente para la comunidad autónoma catalana, que debería ser abordado desde una relación de bilateralidad entre la administración central y las instituciones del autogobierno catalán.    

El deseo de ciertos sectores del espectro político catalán, de negociar de forma bilateral con Madrid, excede el campo de lo puramente económico y se sitúa en el ámbito de la concepción misma de la organización del estado como ente político-administrativo. La adopción de un enfoque bilateral entre la Generalitat y el estado central en materia fiscal supondría sin dudas la conversión de España en un estado confederal asimétrico, provocando la ruptura no solamente del sistema de financiación autonómico sino también de su equilibrio territorial y del estado de las autonomías.   

La oposición y el resto de las comunidades están cometiendo un serio error estratégico al plantear el problema como una simple cuestión fiscal.  La gravedad del planteo no radica únicamente en un cambio en la contribución de Catalunya a las arcas del estado, sino en un cambio encubierto del modelo del estado, que supondría que el modelo de bilateralidad se establezca, como vía de negociación entre la Generalitat y la administración central, realizando un viraje hacia el confederalismo.  

En un asunto de semejante importancia, el ejecutivo socialista no puede dejarse llevar por intereses partidarios y electorales, sino que las decisiones deben ser tomadas con una mirada a largo plazo teniendo en cuenta los intereses del conjunto de los españoles. Las negociaciones bilaterales no son el marco idóneo para abordar una reforma que tendría serias consecuencias para todas las comunidades autónomas, es una cuestión que debe abordarse de forma multilateral escuchando a todas las voces representativas de los diferentes actores autonómicos.  

Durante los últimos días he escuchado en reiteradas ocasiones, una serie de comparaciones que intentaban equiparar la propuesta de financiación singular para Catalunya con el Concierto Económico Vasco y el Convenio Económico Navarro. Es importante establecer y destacar las grandes diferencias existentes entre los casos de Euskadi y Navarra y las reclamaciones de Catalunya. En primer lugar, la condición especial otorgada a las Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra, son consecuencia de la propia deriva histórica de España y sus regiones. Los fueron como característica tradicional e histórica de dichos territorios, es reconocida tanto por la constitución española, como por las sentencias del TJUE y del TC. En el caso de Catalunya, esta región no solo no cuenta con el reconocimiento de fueros históricos, sino que en el pasado ha recibido duros reveses por parte del TC con respecto a los alcances de su estatuto de autonomía y sus extralimitaciones en materia económica y fiscal. 

Profundizando en esta cuestión, me han resultado muy interesantes unas declaraciones de la vice lehendakari vasca Ibone Bengoetxea, hablando sobre la incomparabilidad del concierto vasco con la búsqueda de una financiación singular para Catalunya. Las declaraciones de la dirigente jeltzale haciendo referencia al rigor jurídico y al respaldo de las instituciones al concierto vasco, pueden ser entendidas como una forma del ejecutivo autonómico vasco de despegarse de la discusión, temiendo que la oposición de las otras comunidades autónomas pueda derivar en presiones para que se aumente el monto del cupo que el gobierno vasco otorga a la administración central,  tanto por los servicios prestados, como por el mecanismo de solidaridad para con las otras comunidades autónomas.  

El esquema de financiación autonómico y el de Catalunya en particular, constituirán un eje central de la discusión política durante esta legislatura y es un tema que pondrá a prueba la capacidad de negociación del gobierno de Sánchez y el estado de las relaciones con sus socios. Sería revitalizante para la democracia española y sus instituciones, la realización de un debate profundo y sano sobre esta cuestión, donde todas las voces tengan oportunidad de ser escuchadas, y donde se prioricen las soluciones a largo plazo y no el oportunismo político cortoplacista.   

Pero este debate no se puede llevar a cabo de forma eficiente, si el independentismo no hace una profunda autocrítica sobre el Procés y sus años en el gobierno. Muchos de los problemas económicos y financieros de Catalunya son atribuibles a la mala gestión de los últimos gobiernos de Junts y Esquerra, y a la inestabilidad y desconfianza provocadas por la deriva descontrolada del proceso independentista. A lo que se añade   la obstinación de líderes como Puidgemont que se dedicaron únicamente a promover la confrontación y la ruptura, y se olvidaron de gestionar y de tomar decisiones importantes para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de Catalunya. Es cierto que de nada sirve quedarse con la vista anclada en esos años perdidos, pero resulta necesario recordar los errores cometidos y sus consecuencias, para construir un futuro prometedor.  

Catalunya necesita un nuevo modelo de financiación, como también lo requieren otras comunidades. Está en manos de la clase política el alcanzar acuerdos que sean fructíferos para todas las partes involucradas, y de esta forma evitar una mayor exacerbación de las lamentables divisiones existentes entre las diferentes regiones.  

Si realmente el PSOE y ERC, desean iniciar el camino hacia la consolidación de una España confederal deben ir con la verdad por delante y anunciar sus ambiciones públicamente y explicarlas de cara a los electores. Lo que no es tolerable es iniciar este camino sin retorno, amparándose en un justo e histórico reclamo de una mejor financiación para Catalunya.  

Como todos sabemos la cuestión de la financiación, no es el único grave problema que afecta a Catalunya. El conflicto político ocasionado por la deriva del Procés y sus consecuencias políticas y judiciales, todavía no ha sido solucionado en su totalidad. Es verdad que se han dado grandes pasos en el camino de la reconciliación, pero todavía resta mucho camino por recorrer y queda mucha tela por cortar. Los indultos, la reforma del código penal y la aprobación de la ley de amnistía, han contribuido notablemente a reducir la conflictividad y a devolver estos asuntos al ámbito de la política.  

 Más allá de las consideraciones que podamos tener sobre la idoneidad de la aprobación de la ley amnistía (Manuel Martín Hernández ha escrito un excelente artículo sobre la cuestión), dado el contexto actual veo necesario que los jueces se limiten a aplicar la amnistía y que en caso de no estar seguros de la constitucionalidad y legalidad de la misma  deleguen en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el respaldo definitivo o no de la ley.   

Como he mencionado en otros artículos no creo en una judicialización excesiva de los asuntos políticos y también creo que, si una mayoría de los representantes españoles en cortes han aprobado dicha ley, esta debe ser aplicada y utilizada para cerrar una etapa triste de la historia catalana y española. En ningún caso esta reflexión busca proveer una justificación para el circense actuar del señor Puidgemont durante la sesión de investidura, ni tampoco para la bochornosa actuación de la policía autonómica catalana y el ministerio del interior.   

Estos hechos no hacen más que ridiculizar y desprestigiar a la política española, y incrementar el sentimiento de rechazo por parte de la sociedad con respecto a sus dirigentes. La imagen ofrecida por el expresident de la Generalitat evidencia su desesperación, sus ansias de protagonismo y la pérdida del apoyo popular. En nada se parecen las imágenes del último mitin, con las correspondientes a las multitudinarias manifestaciones de apoyo a la independencia en los momentos más álgidos del Procés. El líder de Junts debería seguir los pasos de Biden y priorizar el amor por su país por sobre sus ambiciones personales.  

La coyuntura en la que transcurrirá el gobierno de Salvador Illa reviste una excesiva complejidad dada las condiciones explicadas a lo largo del artículo. Pero el líder socialista también tendrá una oportunidad histórica de volver a colocar a Catalunya en la senda del progreso, del crecimiento económico, de la cohesión social y de la estabilidad política. Y por sobre todas volver a edificar esa Catalunya fuerte, próspera y abierta a Europa producto de su condición de enclave mediterráneo, que siempre se ha distinguido por su elegancia, por su emprendedurismo y por su innovación.  Esta recuperación del viejo esplendor funcionará como elemento dinamizador del conjunto de la economía española, porque para que a España le vaya bien, a Catalunya le tiene que ir bien y viceversa. Las condiciones están dadas para que los problemas políticos se resuelvan en la arena de la política, y para que quienes tanta división y daño han causado, den paso a una etapa de reconciliación y reencuentro entre los pueblos de España.

« El deseo de ciertos sectores del espectro político catalán, de negociar de forma bilateral con Madrid, excede el campo de lo puramente  económico y se sitúa en el ámbito de la concepción misma de la organización del estado como ente político-administrativo. La adopción de un enfoque bilateral entre la Generalitat y el estado central en materia fiscal, supondría sin dudas la conversión de España en un estado confederal asimétrico, provocando la ruptura no solamente del sistema de financiación autonómico sino también de su equilibrio territorial y del propio de estado de las autonomías »